El periodo para la presentación de alegaciones a la nueva Ley General Turística, que ha de sustituir a la de 1999, terminó ayer entre las críticas del PSOE, PSM y los sindicatos UGT y CCOO. Según el Ejecutivo de José Ramón Bauzá la nueva normativa tiene como objetivo modernizar la Comunidad frente a otros destinos y apostar por un modelo de calidad. La rapidez con la que se ha redactado el documento pone de manifiesto que éste es uno de los ejes prioritarios para dinamizar el principal motor de la economía balear. Sin embargo, las prisas para aprobar la ley se han topado de momento con una oposición frontal. El portavoz del Govern, Rafael Bosch, aseguraba ayer que el proyecto no es "un cheque en blanco", algo que socialistas y nacionalistas ponen en duda, al tiempo que alertan de que se destruirá empleo y territorio y que permitirá "pelotazos" urbanísticos, entre otras acusaciones.
La importancia que tendrá la Ley General Turística para el futuro de Balears debería ser un argumento de peso para que la recta final de su tramitación y posterior debate parlamentario estuviera presidida por la voluntad y el esfuerzo para llegar a acuerdos que deriven en un consenso por el bien del sector y de la sociedad en general.