Las cámaras de TVE ni siquiera les captó en el momento de emitir su voto; yo al menos no me percaté. Como todos los telespectadores menorquines que seguían en directo la segunda jornada de la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, supe, claro, que nuestros diputados más próximos, el socialista Guillem García y el conservador Juan Carlos Grau, votaron no y sí respectivamente.
No y sí por cuanto la votación transcurrió por orden alfabético a partir de un parlamentario cuyo primer apellido empezaba por hache. Pero no es de la elección presidencial de lo que quiero tratar hoy aquí. Mi propósito es otro muy distinto aunque a la postre se ha inspirado en la imposibilidad de poder identificar en qué asientos se hallaban -se hallan- ubicados en el hemiciclo del Congreso los diputados Grau y García.
Las sesiones de investidura de nuevo presidente del Gobierno y los plenos anuales en que se debate sobre el estado de la nación, que se retransmiten en directo por televisión, son las ocasiones más relevantes para poder escuchar las diferentes voces políticas presentes en el Congreso de los Diputados y, al mismo tiempo, para lamentar el silencio de otras voces parlamentarias también presentes en la cámara baja, silencio obligado que casi podría contabilizarse como triste ausencia.
En la sesión de investidura que otorgó la confianza del Congreso para el acceso de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, y gracias a los distintos portavoces integrados en los grupos minoritarios así como en el mixto -cuyos componentes se repartieron los tiempos de intervención- hubo explícitas referencias a reivindicaciones de diversas comunidades autónomas.
En este sentido, ya es habitual que el orador de turno de Coalición Canaria (esta vez habló Ana Oramas en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias) aproveche para enumerar una serie de asuntos pendientes en el archipiélago atlántico y que atañen, tal como se encargó de recordarle Oramas a Rajoy, al régimen especial canario, su industria turística o las tasas aeroportuarias. Canarias tuvo, pues, su pequeña cuota de protagonismo en la sesión de investidura.
También hubo referencias para Euskadi, Navarra, Catalunya, Galicia, Valencia, Aragón y Asturias, a raíz de las intervenciones de Josu Erkoreka (PNV), Iñaki Antigüedad (Amaiur), Uxue Barkos (Geroa Bai), Carlos Salvador (Unión del Pueblo Navarro), Josep Antoni Duran i Lleida (CiU), Francisco Jesús Jorquera (Bloque Nacionalista Galego), Joan Baldoví (Compromís-Q), Chesús Yuste (Chunta Aragonesista), quien por cierto reclamó el corredor ferroviario central que enlace con Francia para favorecer así los intereses de Aragón en detrimento del corredor del Mediterráneo; y Enrique Álvarez (Foro de Ciudadanos de Asturias). Por su parte, el convergente Duran i Lleida tuvo ocasión de plantear la necesidad de negociar un pacto fiscal para Catalunya o exigir el pago de unas deudas estatales derivadas del fondo de competitividad y de una asignación (759 millones de euros) que contempla el Estatuto catalán. Pero como desde la tribuna Rajoy evitó atarse las manos y comprometerse sobre tales peticiones, CiU optó finalmente por un voto negativo. Cabe referir asimismo la paradoja de que otra voz catalana muy significativa, la del PSC, permaneciera en silencio al continuar integrados sus diputados en el PSOE y no formar grupo parlamentario propio.
Por supuesto que las comunidades autónomas cuentan con numerosos diputados pertenecientes a los grupos mayoritarios, PP y PSOE, pero asisten callados al desarrollo del pleno dado que sus portavoces, popular y socialista, no acostumbran a referirse a los problemas concretos de cada comunidad sino que formulan sus análisis desde una perspectiva o visión nacional. En consecuencia, no hubo menciones específicas sobre Balears ni sobre Andalucía, Extremadura, las dos Castillas u otras comunidades. Unas comunidades bien visibles en cuanto a representación política pero mudas respecto a la exposición de sus reivindicaciones. No hay que olvidar tampoco que cuando se convoque el pleno del Congreso sobre política general seguramente se repetirá esta situación de presencia... invisible. (Por otra parte, no se trata de desviar la atención hacia el Senado con la excusa de que es la cámara a la que corresponde oficialmente debatir sobre las autonomías. La reforma del Senado nunca llega aun cuando su creciente desprestigio institucional y escaso peso legislativo es de sobras conocido).
Pese a que en la sesión del pasado martes los diputados baleares se limitaron a votar -unos con el sí y otros con el no- la elección de Mariano Rajoy, hay que confiar en que sus voces serán audibles, escuchadas y atendidas favorablemente a lo largo de esta décima legislatura recién estrenada. Balears requiere y exige que sus representantes se muestren muy activos en la labor legislativa que desempeñarán en las diversas comisiones a las que sean asignados. Porque no sería de recibo tener que esperar cuatro años para poder comprobar y valorar los frutos de su trabajo parlamentario.