La detención de los cuatro administradores del portal Megaupload por iniciativa de Estados Unidos tuvo ayer una enorme repercusión, al tratarse de uno de los sitios con mayor volumen de descarga de contenidos por internet del mundo. Se trata de un golpe a la distribución de contenidos sin la autorización de sus autores, de forma gratuita o por un sistema de pago. Es evidente que internet representa una revolución tecnológica que impone nuevos hábitos de consumo. Hasta ahora se ha alimentado el de la gratuidad de los contenidos, sin embargo no es posible que esta situación se mantenga indefinidamente, porque representa un riesgo evidente para la supervivencia de las actividades creativas, el cine y la música, especialmente, y de producción de contenidos, como la que llevan a cabo los periódicos. Este motivo es más que suficiente para exigir una legislación que proteja los derechos de autor en la red. La Ley Sinde fue un intento imperfecto desde el origen, cuando en noviembre de 2009 se coló en la Ley de Economía Sostenible y después se retiró. El Senado la aprobó, con el apoyo del PP y de CiU, sin embargo en diciembre pasado el Gobierno de Rajoy dejó sin aprobar el reglamento que la desarrolla. Sigue pendiente una respuesta necesaria.
Editorial
En defensa de los derechos de autor