Para concluir, analizo las implicaciones acerca de qué habría que hacer para solucionar el problema.
1
Como hemos visto, el crecimiento constante de las tasas aéreas que se ha observado desde el 2001 es un peligro para la viabilidad de los vuelos que por sus características tienen un menor tráfico, como son las rutas isleñas en temporada baja. Más allá de una reducción de dichas tasas, la solución tendría que pasar por una gestión descentralizada de los aeropuertos isleños que permita mucha más flexibilidad en las tasas aeroportuarias que cada aeropuerto pueda aplicar. En particular, parece de una lógica aplastante que las tasas aéreas en temporada baja deberían ser muchísimo más reducidas que en temporada alta. Los descuentos actuales a las tasas de aterrizaje en los aeropuertos insulares son insuficientes y de ningún modo compensan la subida de costes experimentada en la última década. Dada la importancia de los aeropuertos para el sector turístico y la sociedad isleña parece necesario dar más voz al sector turístico y autoridades insulares en la gestión aeroportuaria para que de alguna manera se internalicen en las decisiones de los aeropuertos los efectos negativos de tasas aéreas demasiado elevadas.
2
En el sector aéreo, como en tantos otros sectores, necesitamos una vigilancia activa de los talibanes de la competencia. Los isleños en particular necesitan una industria aérea muy competitiva que facilite el florecimiento de nuevas aerolíneas que permita volar a precios bajos. Para ello es fundamental que las instituciones de defensa de la competencia estén especialmente vigilantes en el sector aéreo tal como han hecho recientemente con las navieras.
3
Estoy convencido (¡aunque no puedo probarlo!) que a largo plazo cuando a) se hayan resuelto las incertidumbres acerca de Iberia Express, b) con una más lógica gestión de las tasas aeroportuarias y con c) unas instituciones que efectivamente velen por la buena salud de la competencia en el sector no habría ningún problema de comunicación aérea entre las islas y la península y por ello ninguna necesidad de regulación extra. Sin embargo, el largo plazo puede parecer legítimamente demasiado largo a los isleños que pueden reivindicar soluciones más cercanas en el tiempo (no para ahora mismo ya que con el inicio de la temporada turística y el mayor tráfico las problemas de comunicación desaparecerán sino para la siguiente temporada baja a partir de octubre). En este sentido cualquier iniciativa que tomen las autoridades públicas para incentivar las comunicaciones con la Península debería tener en cuenta que:
A) Si se opta por la obligación de servicio público ha de evitarse que se constituya de manera que disuada la entrada futura de los competidores low cost y que perpetúe una situación de monopolio en el tiempo.
B) Si finalmente se opta por un sistema de subsidio público puntual en el tiempo es fundamental introducir transparencia y competencia en el proceso. El hecho de introducir competencia en la concesión puede bajar dramáticamente el impacto del subsidio para el erario público. Es decir, hay que evitar a toda costa una negociación secreta entre las autoridades y una única aerolínea (léase Ryanair) en la que se negocian rutas y frecuencia a cambio de dinero. Por el contrario hay que abrir un concurso público abierto a todas las aerolíneas y otorgar el servicio al mejor postor que será aquel la aerolínea que esté dispuesto a cubrir las rutas con un menor subsidio.