"S'ha acabat es bròquil" es una frase muy menorquina que, en el caso que nos ocupa, viene a significar algo así como "¡ya vale tíos!". Efectivamente, y como diría un "croupier", "rien ne va plus".
Sí, parece ser que la crisis económica que nos circunda y envuelve demuestra que la fiesta autonómica española está llegando a su fin. Al menos en el sentido que la hemos venido conociendo en los últimos treinta años. "The game is over".
En España hemos venido jugando a tener (y ser) un conjunto de 17 miniestados (o naciones discutidas recordando las opciones de la parábola de ZP) a cual más cutre y más imposible. Parece ser que, sí, las autonomías ya no podrán seguir siendo lo que han venido representando: una dispersión de voluntades identitarias donde la cuna sustituía al entramado común del país.
Hace ya años que sabemos que esas autonomías se han pasado "dos pueblos". Lo que se ingenió para unir voluntades diversas ha servido, contrariamente, para desunirlas más, lo que se pensó para fortalecer la convivencia se ha transformado en una parcelación del país en nuevos y pequeños reinos de Taifas mangoneados por los caciques locales (Munar, Álvarez Cascos, la dinastía de los Pujol, etc). Lo que se pensó para insertar a los nacionalistas en un proyecto nacional común ha dado pie a una hornada de separatismos ridículos por imposibles. Lo que se presentó como un acercar la administración al administrado solo ha servido para crear una maraña de sub-administraciones con un coste ya imposible de asumir.
Bien, el Directorio europeo ha dicho "c'est suffi" / "it's enough". Europa ha dicho ¡basta! y por tanto será ¡basta! No se puede luchar eficazmente contra una crisis económica que ha provocado una situación de emergencia nacional como la actual si existen diecisiete situaciones jurídicas distintas en un mismo país. 17 proyectos distintos y 17 egos distintos.
Hace unas semanas el Catedrático Jorge de Esteban analizaba las posibles salidas a esta crisis política. Exponía que había tres posibles soluciones. Una era recentralizar toda la administración. Esta idea, cada día más deseada por muchos, presenta muchos problemas especialmente para las sensibilidades de Cataluña y el País Vasco. Otra era constituirnos como Estado Federal. El problema aquí radica en que la característica de este tipo de estado es que todas sus partes son iguales y, por tanto, tratadas a pie de igualdad. Los actuales estatutos son diferentes unos a otros y ello provocaría nuevas diferencias. Finalmente, se proponía racionalizar el estado de las autonomías. Es decir, devolver alguna competencia al Estado común central y reconocer lo que para algunos es una evidencia: la "especificidad" de Cataluña y el País Vasco.
Cada vez es más evidente que los dos partidos mayoritarios deben llegar a unos nuevos pactos de la Moncloa para rediseñar un nuevo estado autonómico español. Deben cerrarse ya, y de una puñetera vez, las competencias propias y las delegadas. Solo eso evitará los conocidos chantajes que se producen a raíz de los diversos resultados electorales. Hay que poner unas nuevas y claras reglas de juego. Las antiguas ya no sirven.
Puede ser pertinente recordar el Art. 150.3 de la Constitución Española (actualmente en vigor): "El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a las competencias de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad".
La búsqueda deliberada de la pequeñez conduce siempre a la desigualdad. Mirarte el ombligo reduce las expectativas de entender la realidad global y poder reaccionar de forma unitaria cuando llegan malos tiempos como los que ahora vivimos. A ver si aprendemos . "S'ha acabat es bròquil".
Notas:
- El muy tímido intento del PP balear por ldar a los padres la posibilidad de elegir lengua en una mínima parte de la educación infantil clarifica muchas cosas. Primero, esa timidez contumaz del PP para apoyar una medida constitucional que, en nombre de la libertad debería de abarcar todos los tramos educativos. Segundo, el miedo existente entre una mayoría de padres que no rellenan la casilla de elección de lengua al temer ser identificados como no afines a lo políticamente correcto cosa que, creen, pudiera perjudicar a sus hijos. Tercero, el nacionalismo radical y patético de una parte del profesorado se impone a todos los demás. Cuarto, que algunos Colegios ya han anunciado que no van a seguir las directrices de la Consejería de Educación y seguirán con su inmersión lingüística. Quinto, ¿cuándo se empezarán a abrir expedientes disciplinarios en la Consejería de Educación?