Una de las caras más amargas de la crisis es el drama social de los desahucios que afecta, en número creciente, a los ciudadanos que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. El clamor popular, al que también se han unido los jueces, por una reforma legal que acabe con una situación que deja tras de sí un reguero de tragedias personales, ha obligado a los partidos a afrontar seriamente un problema mal resuelto. Hasta ahora, las tímidas acciones adoptadas por los últimos gobiernos han tenido poco éxito ya que dependen de la buena voluntad de bancos y cajas de ahorro. La indignación es aún mayor por cuanto muchas de las ejecuciones son realizadas por entidades rescatadas con dinero público. Ayer socialistas y populares acordaron pactar "cuanto antes" un cambio en la normativa vigente a través de un decreto ley o proyecto de ley que se tramite por el procedimiento de urgencia. Se prevén medidas preventivas y paliativas, además de atender los casos de las familias que ya han sido desalojadas. Sin duda es una buena noticia, pero el proceso debería implicar, como reclama IU, a todos los partidos y a la plataforma de afectados. Esto daría una mayor consistencia a las soluciones que se propongan.
Editorial
La urgente reforma legal contra los desahucios