En el verano de 2010 la desaladora de Ciutadella estaba en condiciones de funcionar, después de unas obras presupuestadas en 23 millones de euros. Dos años y medio después, esta moderna instalación sigue parada, con un coste diario de unos 8.000 euros, y sin perspectivas de una solución a corto plazo. Además de demostrar la incapacidad política de encontrar una solución, este proyecto plantea un problema económico importante y otro de tipo técnico, puesto que el deterioro de las instalaciones es evidente. La desaladora debería estar ya en funcionamiento y suministrar agua a Ciutadella y Cala en Bosc, a un precio equiparable al del resto de municipios. El Govern no quiso subvencionar el agua y optó, sin cambios hasta la fecha, por una posición distanciada de la solución al problema, al considerar que se trata de un proyecto del Ministerio. En mayo pasado, el presidente del Consell celebró el resultado de una reunión con el ministro Arias Cañete que abría las puertas a un convenio entre el Ministerio, el Govern y la empresa Acciona. Han pasado siete meses y sin noticias de que este acuerdo haya avanzado. Ahora, el Govern espera que la Unión financie las conexiones con Ciutadella y con todos los municipios de la Isla. En un momento de reducción de los fondos de cohesión parece una opción poco realista.
Editorial
La desaladora ahora, pendiente de Bruselas