La tensión latente en el sector educativo reventó ayer con la protesta de los docentes por la decisión de la Conselleria de abrir un expediente a tres directores de instituto y suspenderles de sueldo y empleo a raíz de la oposición de los centros al decreto del trilingüismo. Es evidente que la consellera Juana Maria Camps quiere demostrar que el Govern está dispuesto a aplicar el TIL con todas sus consecuencias, con la razón de los votos. Sin embargo, tiene la obligación de valorar el resultado de sus acciones. Da la impresión que ha decidido plantar cara a la amplia oposición al decreto en todas las Islas y lo hace aplicando la disciplina con tres directores de instituto de Menorca. Se ha prescindido del diálogo y se ha optado por las medidas disciplinarias. No puede obviar que los consejos escolares han votado a favor de un programa propio, en muchos casos por unanimidad y no han aceptado la rectificación que impone Educación. Aplicar el cambio que impone el Govern no se puede hacer con una parte mayoritaria de la comunidad educativa en contra. Y en muchos casos, ya no se trata de posiciones lingüísticas, sino de falta de medios. Tensar mucho la cuerda tiene el riesgo de que se rompa.
Editorial
La educación no mejora alentando el conflicto