El Ministerio de Defensa quiere desprenderse de 42 de las 57 propiedades inmobiliarias que tiene en la Isla. Ante todo es una medida lógica para la reducción de costes y la adecuación de las necesidades reales a la reducida presencia militar. De hecho, muchos de los edificios e instalaciones han caído en desuso y no tiene sentido mantenerlas. Así se abre la puerta a la inversión privada para desarrollar diversos proyectos que revaloricen estos espacios o terrenos. Esta política del Ministerio es también una oportunidad para que las administraciones locales puedan aprovecharse y encontrar una salida a determinadas necesidades de los municipios. A pesar de que la situación financiera de los Ayuntamientos es precaria, existen diversas fórmulas que ya se han explorado en otros ámbitos de la Administración central. El objetivo de Defensa es claro: sacar un rendimiento económico. Sin embargo, se deberían también abrir vías de negociación con los Consistorios y escuchar las propuestas que se puedan hacer desde Menorca. Evidentemente, no todas las infraestructuras tienen un interés general. Pero puede llegarse a acuerdos con los bienes que puedan tener un uso social, cultural e incluso turístico.
Editorial
El futuro del patrimonio militar en Menorca