El pasado 9 de septiembre se cumplió el segundo centenario del Informe Quintana. No debería pasar desapercibido. Es el primer gran documento de la escuela pública en España, un texto en el que la educación deja de ser un privilegio de los poderosos o una obra de caridad con los humildes y se convierte en un derecho de todos los ciudadanos.
La Constitución de Cádiz (1812) había transformado a los súbditos en ciudadanos, declaraba que la soberanía residía en ellos y no en el rey, y les garantizaba los derechos de un pueblo libre. Pero para los liberales como Quintana la condición indispensable para el ejercicio de la soberanía y la libertad era la educación. Un pueblo ignorante era, en sus propios términos, un pueblo esclavo. Había que crear "un sistema de instrucción digno y propio de un pueblo libre".
El Informe se redactó el año siguiente de la Constitución gaditana y exponía las bases para una futura ley que sería debatida en las Cortes. Por primera vez en nuestra historia se proponía que la Educación Primaria fuera universal y gratuita, es decir, que se extendiera a todos y se pagara con fondos públicos. También proponía, siguiendo el mandato de la Constitución, que se crearan "escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía", en las que se transmitirían los conocimientos que eran "necesarios para todos" y por tanto debían ser "comunes a todos".
¿Qué conocimientos? Merece la pena recuperar las palabras del Informe por su concisión y acierto. Los alumnos debían aprender a "leer con sentido", "escribir con claridad", utilizar la aritmética elemental y adquirir los principios de la religión, la moral y la buena crianza. Era un programa muy básico al que se añadía una significativa novedad, la exigencia de conocer "los principales derechos y obligaciones como ciudadano".
Visto desde el presente, el objetivo de la enseñanza primaria para todos puede parecer muy modesto. Más aún si pensamos que estaba limitado a los niños de 6 a 9 años. Pero era una propuesta revolucionaria para un país prácticamente feudal, con un 94 por ciento de analfabetos, con muy pocas escuelas y muy precarias, empobrecido y enzarzado en una guerra devastadora.
Y este modesto objetivo no llegó a alcanzarse. Casi cincuenta años después del Informe, la famosa Ley Moyano proponía aún que la instrucción elemental fuera obligatoria y gratuita entre los 6 y los 9 años. Al acabar el siglo XIX España había desarrollado una educación cada vez mejor para una parte de sus élites, pero no había logrado extender la educación pública a todos sus ciudadanos.
La expansión educativa llegaría mucho más tarde, en los años sesenta del siglo pasado, cuando la industrialización del país produjo el abandono masivo del campo, la emigración a las ciudades y la demanda de mano de obra cualificada. Hasta 1974 no se logró escolarizar a toda la población de 6 a 14 años. La escolarización entre los 4 y los 16 años no llegaría hasta 1996, con el último gobierno de Felipe González, como resultado de la LOGSE.
Hoy, doscientos años después, lo que hace atractivo y actual el Informe es su fe en la educación y su propuesta pionera de extenderla a todos los ciudadanos. En la época de Quintana la educación para todos requería que la instrucción elemental fuera universal; en la nuestra exige el acceso de todos al Bachillerato o la Formación Profesional de Segundo Grado.
El título de ESO ya no es suficiente. Como han advertido destacados economistas, el Bachillerato o la FP-2 serán necesarios para obtener un puesto de trabajo en economías como la nuestra. Es decir, las que exigen competir en mercados globales, responder a nuevas formas de producción y adaptarse a los cambios constantes de la tecnología. Por eso la "Estrategia Europa 2020" considera que no alcanzar el nivel de Bachillerato o FP-2 es "abandono escolar prematuro" y propone como objetivo reducirlo al 10 por ciento en esa fecha. Es evidente que se podrían añadir otras razones, como las de equidad y justicia, a las estrictamente económicas.
Casi entre paréntesis, el texto de Quintana nos parece también actual, irónicamente, por otra razón: con él se inicia una larga tradición de inestabilidad en las leyes educativas provocada por los cambios políticos. El Informe se redactó como base para un Proyecto de ley, pero el regreso a España de Fernando VII impidió que llegara a debatirse. Más tarde, al volver los liberales al poder, retomaron el Proyecto y lo convirtieron en un "Reglamento de Instrucción Pública" (en realidad la primera Ley de educación que tuvo España). Pero esta Ley, el "Reglamento", nunca llegó a aplicarse porque un nuevo cambio político, el fin del Trienio liberal, lo hizo imposible. Y todo en diez años.
La historia continúa. En los últimos 30 años hemos tenido cinco leyes orgánicas que afectan directamente a la educación no universitaria: la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE y la LOE. Ahora se propone una nueva ley, la notoria LOMCE, más conocida como Ley Wert. ¿Qué pasará con ella? El 17 de julio pasado, al día siguiente del comienzo del debate en el Parlamento, diez partidos de la oposición firmaron un acuerdo para derogarla en la próxima legislatura. Ocurrirá si el Partido Popular no renueva su mayoría absoluta. El líder del PSOE lo resumió con claridad: "Hoy hemos firmado su sentencia de muerte". Quizá la Ley Wert ha muerto. Observemos que todavía no ha nacido.
El Informe Quintana tiene la ilusión y la esperanza de los comienzos. La fe de los ilustrados en la educación. Manuel José Quintana lo expresó con palabras que reflejan su doble condición de ilustrado y de poeta romántico: la educación "disipa la noche de la ignorancia". Quintana pensaba que la educación era esencial para ejercer los derechos ciudadanos; nosotros creemos que es decisiva, además, para el desarrollo económico, la igualdad social y el acceso a la cultura. Pero tal vez, sobre todo, para dejar atrás la oscuridad, la larga noche de la ignorancia.