La transparencia es el mantra de moda entre nuestra clase dirigente. Pequeños gestos amplificados por el aparato de comunicación público para tratar de recuperar el crédito perdido entre los ciudadanos. El Consell de Menorca se ha subido a este carro y desde el año pasado se somete a los exámenes de la ONG Transparencia Internacional.
Empezó flojito, todo hay que decirlo, con una puntuación de apenas 19 puntos sobre 80. Ahora ha introducido una serie de cambios con los que pretende escalar hasta los 65 puntos. Menorca se sitúa en la zona media del ranking de diputaciones y consejos en España, un país que no destaca precisamente por las virtudes de su sector público.
El objetivo del gobierno insular es loable, sin duda, aunque si rascamos un poco vemos que los avances no son todo lo ambiciosos que cabría esperar. Entre las medidas adoptadas figura la publicación del presupuesto de la institución por departamentos -algo que ya se podía consultar desde los tiempos de Joana Barceló y Carme Garcia Querol- y su liquidación -es decir, la diferencia entre lo que se prevé recaudar o gastar y lo que finalmente se ejecuta-, unos datos que ya se encargaba de publicar puntualmente el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo no esperen encontrar, al menos de momento, a qué se destina cada euro que sale del Consell y por qué método ha sido adjudicado; si se ha hecho por concurso público, mediante procedimiento negociado sin publicidad o a dedo. Tampoco se detalla cuánto se gastan en comidas, dietas o viajes, o si existen tarjetas visa a cargo del erario público.
El verdadero compromiso con la transparencia se alcanzará el día en que cualquier ciudadano desde su casa pueda saber cómo y en qué se gasta el dinero que sale de sus impuestos.