Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulara el despido de más de un millar de trabajadores, el Gobierno valenciano que preside el ilustre Alberto Fabra anunciaba el cierre de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Este primer cierre (que no el último) de una televisión pública autonómica en España, en un territorio además con lengua cooficial, sitúa el caso como un (mal) ejemplo de unas cuantas cosas.
En primer lugar, nos recuerda el despilfarro de estas cadenas dirigidas por amigos, militantes del partido en el poder y empresarios cercanos a los políticos (supuestamente elegidos para gestionar lo público). Cadenas autonómicas construidas con plantillas sobredimensionadas, con presupuestos desorbitados que salen del erario público y con el supuesto objetivo de ofrecer información plural, rigurosa y de calidad (atributos que siempre quedan muy bien en bocas electoralistas) para que se pueda ejercer uno de los derechos fundamentales de la tan ensalzada (cuando quieren) Constitución: el derecho de la información. Puro fraude.
Creo personalmente. en una televisión pública de calidad, formada y dirigida por profesionales independientes que se deban a esos espectadores diversos que con sus impuestos sufragan un servicio informativo y de entretenimiento -sí, con la tópica, que no utópica, BBC británica como referente- pero no concibo los medios de comunicación públicos como una ventana abierta a la propaganda y con los comunicadores como siervos, que es lo que tenemos que soportar muchas veces en este país terrorífico en el que el amiguismo y la corrupción se sientan cada día a la mesa y, para colmo, nos sonríen desde la pequeña pantalla.
El otro asunto que trae consigo este cierre de una cadena sometida al poder es precisamente el papel de los profesionales de la información. Las noticias sobre el caso Gürtel, por ejemplo, no salieron a su debido tiempo en la televisión de Camps, tampoco las protestas de los familiares de las víctimas en el accidente del Metro de Valencia y tantas otras tapaderas a cambio de espacios basura, retransmisiones deportivas tras la compra de derechos millonarios sin explicación lógica, un gasto desbordado en producciones externas o periplos de periodistas en los viajes oficiales de los gobernantes en la época del champán y las rosas para ofrecer directos de Zaplana o Camps en la mejor versión de sí mismos y todo ello, claro, con audiencias irrisorias. Y más madera: o más euros del contribuyente, que viene a ser lo mismo.
El Partido Popular, anclado desde hace años en la maquinaria de la corrupción de esta Comunidad, nunca ocultó su deseo de privatizar la cadena y mientras no dudó en engordar su deuda y sacar tajada del filón manipulador. Ahora, los profesionales de RTVV que pasan a las listas del paro de un país en el que se han destruido las cajas de ahorro y sueños de varias generaciones con la misma y oscura ley que ha reinado en las televisiones autonómicas, reconocen sus pecados. Tras la noticia del cierre se hicieron con el control de la programación para airear la vergüenza del ente y, a la vez, se reconocieron parte del entramado. Periodistas y técnicos que siguieron (y siguen en otros medios, salvo contadas excepciones) el juego político a cambio de mantener su puesto, que sucumben a las presiones y participan en la manipulación mediática descubren ahora la meta engañosa de sus conflictos morales. Es fácil criticar desde la barrera, sí, pero debemos aprender una lección: no basta con rebelarse contra estas prácticas sólo cuando no hay nada que perder. La mordaza periodística ha de desaparecer de una vez en tiempos presuntamente democráticos y tal vez sea éste un buen momento para cambiar el rumbo de una profesión zarandeada y con el prestigio por los suelos ahora que, efectivamente, la mayoría no tenemos nada que perder. Ha llegado la hora de dar la talla y airear, no solo las vergüenzas y corruptelas, también las vocaciones: el pueblo, vapuleado en su esencia, en derechos y libertades conquistados con esfuerzo y recortado injustamente hasta casi el recorte de la propia dignidad, está pagando las gestiones nefastas, los sueldos y prebendas de una casta política y financiera que no se ha recortado por ningún lado, demanda (por no decir, ruega) más que nunca transparencia e información veraz y libre de intereses particulares. Ya se sabe eso de que más vale tarde que nunca.
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