El último informe de la Sindicatura de Cuentas advierte que el endeudamiento por las infraestructuras públicas -la mayoría de ellas realizadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas, entre el 2003 y el 2007- tienen por delante casi tres décadas de amortización. Un total de 2.400 millones de euros lastran la capacidad inversora del Govern. Unas cifras que muestran cómo se gobernó durante unos años en España, y Balears no fue una excepción.
No todas las inversiones públicas pueden calificarse de «despilfarro», en absoluto, porque las partidas destinadas a mejorar los centros docentes o a construir nuevos equipamientos sanitarios -como el hospital Mateu Orfila en Menorca- no pueden compararse con las destinadas a obras inútiles como el Palma Arena o el metro de Palma. Un gasto que pagaremos todos hasta el 2042.
Los criterios de la Administración no deben ser meramente economicistas para crear más infraestructuras públicas. Han de primar los criterios de rentabilidad social, también para fomentar la actividad económica, algo que el Govern del Pacte olvidó con sus inversiones tan 'silenciosas' como inexistentes. Pero la etapa del Govern de Matas hipotecará las cuentas públicas de la comunidad durante años.