El histórico alcalde de Alaior, Antoni Pons Timoner, tiene el copyright de la expresión: «No té llicència, però té permís». El suyo. Para eso era alcalde, debía pensar. Eran los tiempos de la transición. El paso del mando y ordeno a las decisiones por votación. Creció el respeto a la transparencia mientras se participaba en la construcción de algo nuevo. La edad de la inocencia. Esa etapa del prestigio de la dedicación a la política, del ejercicio periodístico, de la reivindicación sindical, terminó con la corrupción, la adscripción de los medios a las ideologías y la crisis económica. Después hemos buscado los antídotos en las leyes, cada vez más normas para un control más efectivo, y, el paso siguiente, los juzgados. Cualquier disconformidad pública, importante o banal, acaba ante un juez. Los principales actores de este sistema viejo pretenden protegerse de sí mismos con más leyes y más jueces. Es la consecuencia de la pérdida de confianza.
Es evidente que un alcalde debe cumplir las normas urbanísticas y no puede dar licencias con un criterio personal. Si antes lo hizo el histórico alcalde de Alaior y después ha sido homenajeado por el PP, hoy es impensable que suceda. En Es Migjorn es importante ir al detalle para vislumbrar la importancia de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Las infracciones son menores, explicables por la relación entre un alcalde (la administración) y un ciudadano. Pero el incumplimiento de las normas, en sentido estricto, parece evidente. Seguramente no es distinto de lo que se hizo en el pasado mandato y en otras administraciones.
Pero como desconfiamos, nos veremos en el juzgado, la herramienta más eficaz para el juego político. Hoy lo que dice un político, un periodista o un sindicalista no genera confianza. Quien manda y ordena es el juez.