En el Pont i Cova de hace siete días, y al hilo del copernicano recurso presentado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach contra el archivo de la querella por el 'caso Cesgarden/Siteme', preguntamos: «¿Acaso insinúa la Fiscalía algún tipo de connivencia entre la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Balears y las dos empresas a las que acusa de maquinación fraudulenta?». Una semana después, sobre la mesa, los 89 folios de que consta la impugnación -redactada por el abogado Gaspar Oliver Servera- de los recursos formulados por el Ministerio Fiscal y el Consell de Menorca. Con trazo grueso, el abogado que defiende los intereses de la mercantil Cesgarden acusa al gobierno de Santiago Tadeo de crear una «ficción urbanística» y de difamar a los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJB que -en mayo del 2011- sentenciaron que esta promotora tenía derecho a ser indemnizada con 16,6 millones, que con los intereses legales, se ha transformado en 28,8. A pagar a escote por todos los menorquines. Es tal la furia y la indignación del letrado Oliver Servera que advierte, caso de ser estimadas las apelaciones del Consell y la Fiscalía -lo que significará investigar los hechos denunciados por Horrach- que «se abrirá la caja de Pandora». Ello significaría, se lamenta, que «cualquier resolución judicial podrá ser revisada, lo que supone un abuso intolerable e inadmisible», una «pretensión fuera de lugar, rayana en la paranoia jurídica». Y preguntamos a Gaspar Oliver: ¿qué ocurre cuando yerra la Administración de Justicia, sean jueces o magistrados?. El 'informe Olleros', encargado por el presidente Tadeo, detalla los casos, motivos y maneras para revisar una sentencia, que -a la luz de las nuevas documentales aportadas por el actual Consell de Menorca- resulta claramente injusta para los intereses de los menorquines. Pero el abogado de Cesgarden, encolerizado, anuncia gran tormenta, con rayos y truenos, porque llamará a declarar a los magistrados de la Sala de lo Contencioso, empezando por el juez Gabriel Fiol, y por supuesto, al presidente Tadeo. ¿Y quién pedirá la declaración del abogado Luciano Parejo?
Sentencia injusta
Según el letrado que actúa en nombre y representación de su cliente, Cesgarden, el Consell no puede acusar, solo defenderse para paralizar una indemnización «legítimamente ganada en los tribunales». Este es el fondo de la cuestión. ¿No le queda al equipo de gobierno de Tadeo otra opción que callar y pagar? ¿Tampoco puede reclamar la Fiscalía una investigación a fondo por el escollo insalvable del 'thema decidendi'? El Código Penal determina que «el juez o magistrado que, por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años». El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya ha tomado cartas en el asunto y apoya la iniciativa de Pedro Horrach, que cuenta con el apoyo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad. Quienes han sido acusados por el Ministerio Público como autores de estafa procesal y maquinación fraudulenta contra el Consell de Menorca están legitimados para ejercer su derecho a la defensa, pero también deben aceptar que se pueda revisar aquella sentencia que tan favorable y generosa resultó para sus intereses cuando, durante el actual mandato, se han aportado pruebas y argumentos que antes no habían aparecido.
Infracción vs. sanción
El procedimiento administrativo sancionador incoado el 1 de octubre de 2010, mediante decreto de alcaldía, contra «el Sr. Pedro Gaspar Moll, en qualitat de promotor, Construcciones Eulope SA, com a contractista, i contra Agustín Rodríguez Pons i Bartolomé Martí Vidal en qualitat de tècnics» por haber realizado 'actos de construcción y uso del suelo no ajustados a las licencias previamente concedidas' ha caducado al haber transcurrido el plazo máximo de seis meses para dictar resolución. El procedimiento ha caducado pero la infracción urbanística cometida por el Sr. Pedro Gaspar Moll, hoy alcalde de Es Migjorn, aún no ha prescrito. La infracción se cometió a finales del 2004 -momento de la «finalización total» de la obra ilegal- y en aquel momento empezó el cómputo del plazo de prescripción de ocho años. Por tanto, el Ayuntamiento de Es Migjorn tenía un plazo que concluía a finales de 2012 para sancionar la infracción cometida. El presunto infractor se personó el 11 de octubre de 2010. En aquel instante se interrumpió el plazo de prescripción de ocho años. El 8 de junio del 2011 -con Pedro Gaspar Moll ya en la alcaldía- el instructor elevó la propuesta de resolución. No hay más actuaciones del Ayuntamiento hasta que, el 18 de febrero de 2014, Avelina Andrea Capó, esposa del alcalde, invoca la prescripción y solicita el archivo del procedimiento, pero el Ayuntamiento declara, el 25 de abril, la caducidad, no la prescripción. Cuando lo decida el señor alcalde de Es Migjorn, puede abrir un nuevo procedimiento sancionador, porque su infracción no ha prescrito.
Dolores de Olivares d'Angelo
Firme compromiso con el Ateneo de Maó y pasión por la política
Vivió y compartió su pasión por la política, durante los años de la Transición política, con su marido, Guillermo de Olives Pons, que en las primeras elecciones democráticas del 15-7 de 1977 -aquellos comicios que devinieron constituyentes- fue elegido senador por Menorca. Dolores de Olivares d'Angelo, sevillana de nacimiento que hace años ejerce de menorquina, es mujer de genio y de carácter, atesora un vivo y atento conocimiento de la sociedad insular. Ejerce con autoridad al frente de la familia de Olives de Olivares, y ha mantenido el compromiso con el Salón de Primavera del Ateneo de Maó, instituido por quien, además de primer senador, desempeñó durante años la presidencia de la entidad cultural. Disfrutó y se enorgulleció cuando su hijo Guillermo presidió las fiestas de Sant Joan el bienio 2004-05. Mañana volverá a presenciar el Caragol des Born desde la casa de Juan Valero.
Gabriel Roca Roca
El viaje del Pla de Mallorca a Ciutadella para vivir Sant Joan
Ha desempeñado la presidencia de la Caixa Rural de Balears -en diciembre de 2010 firmó la escritura de fusión con Cajamar- y también ha presidido la Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Mallorquina. Gabriel Roca Roca, mallorquín de Es Pla (Montuïri), mantiene su activa trayectoria profesional vinculada al sector agrícola-ganadero de Mallorca y Menorca. Descubrió, hace años, el sentido y el significado de las fiestas de Sant Joan como expresión más intensa de la amistad y el respeto profundo a la tradición de los Protocols. Amigo de sus amigos, leal y hombre que cumple sus compromisos, repite cada año con su familia y conoce los momentos y lugares donde compartir las fiestas de Ciutadella. El 2015 dará continuidad a la iniciativa de encargar a la bodegas Macià Batlle una botella de vino dedicada a Sant Joan. La etiqueta será creada expresamente por Matías Quetglas, que ya ha aceptado el encargo.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Habrá este año foto conjunta de Antoni Pastor, Jaume Font y Pep Melià en las fiestas de Sant Joan?
¿Qué peticiones han formulado las OPAS de Menorca al conseller Gabriel Company para la primera Ley Agraria de Balears?
¿Con quién se reúne este fin de semana en Menorca Albert Rivera, líder de Ciudadanos?
¿Pedirá el PSOE que el alcalde Pere Moll Triay pague la sanción por obras ilegales en su domicilio al no haber prescrito la infracción?
¿Cuál es la actual colaboración de Joan Juanico con ASHOME?