El voto negativo al proyecto de Ley Orgánica «por la que se hace efectiva la abdicación» del Rey don Juan Carlos es comprensible en aquellos partidos que apuestan por la ruptura del actual statu quo con las todas las consecuencias que ello comporta, lo que exige provocar un verdadero colapso institucional.
Sería el caso de Izquierda Unida y de quienes propugnan la III República o ERC, cuyo objetivo es la independencia de Cataluña. Son las formaciones políticas que rechazan el pacto constitucional de 1978.
La abstención expresa la indiferencia de quienes creen que no les afecta la decisión porque esta historia no va con ellos: nacionalistas
vascos y catalanes, pero al mismo tiempo son respetuosos con el pacto de 1978 y no quieren perjudicar, objetivamente, el statu quo. Pero abstenerse significa estar más fuera que dentro. Finalmente, el voto afirmativo corresponde a los partidos que permanecen fieles al gran acuerdo político de 1978 y con vocación de gobierno, lo que les obliga a garantizar la estabilidad de las instituciones del Estado.
Hay sectores del PSOE que propugnan una consulta sobre la Monarquía, mientras que del derecho a decidir en el 9-N catalán el PSC-PSOE no quiere saber nada. Y tan ilegal es una como otra, si no se respeta el proceso de reforma constitucional. Los diputados díscolos del PSOE, entre ellos el médico García Gasulla, podrán votar 'no' hoy porque sus experimentos con gaseosa no tendrán ninguna consecuencia. La mayoría absoluta está garantizada, pero su gesto esconde una incoherencia que no sabremos resolver.
Es más sabia la decisión de Amaiur: no acudir al pleno. Posiblemente
sea la única manera de expresar un rechazo a la Monarquía sin participar en el cataclismo constitucional que implicaría la no aprobación de la ley que hace efectiva la abdicación del Rey.