Los ocho magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que suscriben la última sentencia sobre el «caso Cesgarden» rechazan el recurso extraordinario de revisión presentado por el Consell de Menorca e imponen las costas con un importe de 4.000 euros a la institución insular. Es una cantidad superior a la habitual en estos casos, lo que es interpretado en medios jurídicos como una reprimenda por haber formulado una demanda de revisión muy poco fundamentada.
Con una sola conclusión tumban el intento para revisar una sentencia que nos cuesta 28,8 millones de euros a todos los menorquines: «Lo anterior evidencia que el Consell, aquí demandante, conocía la existencia de los documentos en los que se funda la revisión, así como de la falsedad y de la maquinación fraudulenta denunciadas, al menos desde el año 2010, en el caso del contrato privado de compraventa, y desde el 19 de febrero de 2015, en el caso de la escritura pública de 24 de abril de 2003». Se refieren los magistrados al fraude en la transmisión de los terrenos de Son Bou entre Siteme y Cesgarden, una operación de compraventa firmada justo antes de la aprobación del Plan Territorial Insular de 2003.
Debacle procesal
La «sentencia Cesgarden» es el fruto sazonado de una desgraciada e incomprensible sucesión de errores cometidos por quien tenía que haber defendido con ahínco y profesionalidad los intereses del Consell de Menorca: el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid Luciano Parejo Alfonso. Una concatenación de despropósitos que ha conducido a una debacle procesal y económica para la tesorería del Consell.
Entre los olvidos, omisiones y tropiezos del letrado Parejo sobresale que no cuestionase nunca el peritaje presentado por Cesgarden, que no se corresponde con la realidad al cuantificar el lucro cesante de una ocupación media del 60,6 por ciento durante todo el año del hotel que nunca construyó en Son Bou. En segundo lugar, la reclamación de una indemnización de 11,1 millones de euros por unos terrenos que en realidad solo costaron 636.111 euros a la promotora mallorquina. Estas cifras nunca fueron cuestionadas por quien cobró para ejercer la defensa letrada.
Tampoco advirtió Luciano Parejo la «maquinación fraudulenta» en el traspaso de los terrenos, titularidad de Siteme, a la mercantil Cesgarden, beneficiaria final de la operación.
Señala Miguel Angel Ruiz que «Parejo cometió un tercer error que ha tenido fatales consecuencias: el Tribunal Supremo rechazó por 'defectos de forma' el recurso de casación presentado por la institución contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Balears, porque el letrado del Consell olvidó enunciar en su escrito de preparación del recurso, como es obligado, los preceptos legales que iba a esgrimir para pedir que se anulara la sentencia». A estas alturas, cerrada la vía administrativa y cuando el Consell deposita todas sus expectativas en la vía penal, a través del recurso presentado contra Cesgarden ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, seamos realistas. El Ministerio Fiscal se muestra contundente -en la sentencia que acaba dictar el Supremo, con el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina como ponente- al afirmar que no existió la maquinación fraudulenta. Punto.
Después de tantas idas y venidas, ¿no ha llegado el momento de exigir responsabilidades a quien debía haber defendido al Consell en el caso Cesgarden o sus muchos errores quedarán impunes para siempre?
Todos buscan presidente
Despedimos el 2016 con Xelo Huertas en la presidencia del Parlament, a pesar de haber sido expulsada de Podemos y de haber perdido también la confianza del PSOE y Més. Todos buscan, y no encuentran, al nuevo presidente/a. Més per Menorca cuestiona las cuotas; el socialista Vicenç Thomás reclama para el PSOE, o sea, para sí mismo, la presidencia. Podemos descarta Laura Camargo y propone a la ibicenca Marta Maicas. ¿Será Alberto Jarabo?
Iñigo de la Serna
El nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ya tiene fecha para reunirse, la próxima semana, con el conseller Marc Pons; la delegada del Gobierno en Balears, María Salom, y la Asociación de Agencias de Viajes de Balears (Aviba). Sobre la mesa, la normativa y la fórmula para continuar aplicando el descuento de residente -también a los grupos- y evitar los fraudes. También será informado sobre la iniciativa que defenderán conjuntamente PP, PSOE y Més en el Congreso para reclamar la tarifa plana en los vuelos interinsulares. La clave es quién aporta la financiación y los recursos a partir de los informes redactados por el Govern y el Ministerio.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Quién conseguirá finalmente más apoyos en Podemos-Menorca: Pablo Iglesias o Iñigo Errejón?
¿Habrán finalizado antes de Semana Santa las obras del muelle en el puerto de Ciutadella?
¿Se intentará de nuevo, durante el 2017, el cese y el relevo del gerente de la Fundación de Personas con Discapacidad de Menorca?
¿Cuándo estará redactado el informe sobre la situación estructural y posibilidades de reutilización del edificio que alberga el hospital Verge del Toro?
¿Para cuándo los estudios de viabilidad sobre la sede del Conservatorio de Música y la mejora de la estación depuradora Maó-Es Castell?