Quizás a la larga resulte más efectiva la tarifa plana de 30 euros en los vuelos interislas que elevar el descuento a los residentes hasta el 75 por ciento como ha negociado Coalición Canaria con el Partido Popular a cambio de apoyar la investidura de Mariano Rajoy.
Uno tiene la sensación, en todo caso, de que el archipiélago canario camina varios pasos por delante del balear en esta y otras materias que nos son comunes por los efectos de la insularidad. Por eso, pese a que quienes gobiernan en el Parlament hayan puesto el grito en el cielo tras la postura de la senadora menorquina, Juana Francis Pons Vila, afín al incremento del 75 por ciento, no deberían descartarla de antemano.
Pons Vila ha demostrado coherencia desde que entró en el Senado pese a nadar contra la corriente de su propio grupo cuando lo fácil habría sido subirse al carro ganador -que luego fue perdedor. Asegura que la tarifa plana favorece a los turistas para desplazarse entre las islas en sus vacaciones. Se trata de una verdad catedralicia, como también lo es que un descuento del 75 por ciento sería neutralizado, en parte, por las compañías elevando el precio de los billetes.
El planteamiento definitivo debería primar el interés de los isleños por encima del de los turistas que ya acuden a las islas aunque no vuelen entre ellas durante su estancia.
La demanda que todavía ningún gobierno balear ha podido conseguir es que los residentes dispongamos de frecuencias suficientes y precios razonables cuando precisemos salir de las Islas, de un día para otro, sin tener que pagar el triple de lo que cuesta hacerlo con antelación. Ahí se tiene que priorizar la conexión con Barcelona, fundamentalmente, y Madrid, que usamos mucho más que la de Palma.
La realidad es que si ni siquiera hay acuerdo entre los políticos de aquí, es imposible que el gobierno central atienda la demanda histórica que acabe con el agravio respecto a las comunicaciones de las que disponen los peninsulares.