La Guardia Civil volvió a irrumpir en las oficinas portuarias de Palma y Mahón al estilo de la vieja serie americana, poniendo espectacularidad y grilletes allí donde bastaba un «acompáñeme, por favor». Hace década y media que se puso de moda eso de entrar en despachos de negocios y llevarse esposados a los tipos de corbata en una versión pretendidamente democrática de tratar igual al que tiene la navaja en la mano que al que envía correos electrónicos.
En el caso del puerto, como en tantos otros, a la pocas horas están en libertad con cargos, pero para entonces ya han pagado la pena del telediario y los titulares y fotos quedan para siempre en los periódicos.No creo que tanto ruido sea necesario para encontrar las nueces.
Dicho eso, no cuestiono en absoluto el olfato de la Guardia Civil, que hallará siempre una buena veta de investigación en asunto de concesiones portuarias, donde el flujo de millones permite que alguno se despiste por el camino. Lo malo es que la acción de «Los hombres de Harrelson» en este caso no resuelven nada sino que lo ponen en manos de la Justicia, lo que equivale a decir años de intriga añadida.
En el precedente de la operación Mar Blau, pasaron más de 10 años entre la denuncia y la sentencia. Se sentaron doce acusados en el banquillo y la petición de penas de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción sumaban 52 años. Al final, le cargaron el mochuelo al muerto y se llegó a un pacto por el que nadie ingresó en prisión y solo tres fueron declarados culpables y a pagar 8.500 euros de multa. La verdadera pena fue la angustia de pasar diez años pendientes del fallo judicial.
Gual de Torrella ha dicho que no renuncia al cargo. Hace bien a la vista de los precedentes y mal según el cógido ético de esos partidos que piden dimisiones solo cuando el afectado es el adversario.