El autoexilio impuesto constituye una dolorosa y desgarradora decisión, adoptada por quien ha sido rey de España durante cuarenta años, para salvaguardar la Monarquía parlamentaria que hoy ejerce su hijo Felipe VI.
Don Juan Carlos sale de España para defender su legado y su propia dignidad en una determinación impulsada por el actual Jefe de Estado para consolidar y fortalecer la Corona. Porque, no nos engañemos, más allá de las acusaciones que tienen su origen en un oscuro comisario hoy en la cárcel y pendiente de juicio, y una mujer que ha utilizado la ambición y la traición para medrar, hay una durísima campaña en marcha contra la Transición y la Constitución de 1978, cuyo objetivo final consiste en acabar la Monarquía para sustituirla por un régimen republicano. Los pueblos que olvidan sus errores se ven obligados a repetirlos.
En esta campaña participan las formaciones separatistas e independistas con las que prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez. También quienes comparten asiento en la mesa del Consejo de Ministros con el PSOE. Pedro Sánchez exigió, en aras a la ejemplaridad exigible a la Corona, aunque don Juan Carlos no ejerza hoy cargo alguno, decisiones contundentes.
Quienes lo cuestionan todo para cambiarlo todo -aunque se lo piensan cuando se les apunta que José Mª Aznar o José Bono podían haber sido presidentes de la III República que anhelan- han de valorar que Urdangarín sigue en la cárcel y que el anterior Jefe del Estado se ha marchado. Dejemos actuar a la Justicia, y sin invocar la presunción de inocencia, no utilicemos el sectarismo para cuestionar el excepcional balance de don Juan Carlos que supo liderar al tránsito desde el franquismo al actual régimen de derechos y libertades. Y, naturalmente, la Carta Magna de 1978 puede ser revisada, pero una cosa son los errores personales y otra el extraordinario legado histórico del Rey hoy en la diana.