Las imágenes captadas hace un año por los defensores de los animales eran incontestables, repugnantes, mostrando una yegua moribunda, abandonada a su suerte, en una finca de Maó. El propietario ya había sido señalado en 2018 pero entonces no se profundizó en un caso que, al final, se ha demostrado que era cierto. Y eso pese a que las quejas de colectivos animalistas ya se trasladaron entonces al Ayuntamiento, al Consell y al Seprona. Pero han pasado tres años hasta que, ahora sí, un juez ha constatado lo sucedido, y se conocen detalles como que el condenado mató apaleando a una yegua y abandonó a 16 caballos. Hechos admitidos, el culpable dio su conformidad, algo bastante usual en estos casos porque lleva aparejada la suspensión de la pena a condición de que no vuelva a delinquir, a su participación en programas de protección de los animales y a que cumpla con los años de inhabilitación para cualquier profesión relacionada con los mismos. La Protectora pidió en su día que ningún condenado por maltrato pueda tampoco participar en las fiestas, que precisamente tienen como protagonista a este noble animal.
Tres años para corroborar el delito, mucho tiempo, quizás se podía haber evitado el sufrimiento si se hubiera dado más crédito y celeridad a las quejas iniciales, pero al menos la cadena de actores finalmente ha funcionado. La acción ciudadana, junto con la inspección veterinaria del Consell, la actuación del servicio especializado de la Guardia Civil, la fiscalía y la Protectora han dado como resultado una sentencia que sienta un precedente. Las penas se quedan cortas, qué se puede esperar si el Código Penal recoge el castigo para aquel que «maltrate injustificadamente» a un animal, o sea que da lugar a entender que cierto tipo de maltrato puede estar ‘justificado', ¿cómo puede eso tener cabida legal? En todo este lamentable proceso lo positivo es que unos actos que años atrás hubieran quedado impunes ahora han tenido consecuencias.