Hace años que todos los estamentos que integran el mundo de la judicatura andan en conflicto con el gobierno de turno. Sus reivindicaciones se suceden, fundamentalmente, porque reclaman que se mejoren sus retribuciones como justificación a las cargas y condiciones de trabajo que se ven obligados a asumir aunque, en muchos casos, no les correspondería hacerlo.
Hace un par de meses los letrados de justicia se plantaron hasta convocar una huelga indefinida que doblegó la posición del Ministerio. Consiguieron un aumento de alrededor de 450 euros más al mes con el que finalizaran su plante.
Ahora son los trabajadores de justicia los que hacen otro pulso al ejecutivo con argumentos similares y paros diarios. Además, el 16 de mayo, colectivos de jueces y fiscales también amenazan con colapsar aún más el aparato judicial a través de la convocatoria de una huelga indefinida.
Trabajadores, jueces o fiscales, como hace unos meses los letrados de justicia, hacen uso de su derecho constitucional, aunque los verdaderos perjudicados vayan a ser los ciudadanos que ya padecen la lentitud de un sistema manifiestamente mejorable.
Puede recordarse que ningún funcionario de la administración pública, tampoco los de este sector, sufrió recortes salariales, ni tuvo que ajustarse a un ERTE durante los años recientes de la pandemia. Son, además, los que más han tenido la opción de mantenerse en el teletrabajo desde entonces, considerando que en la época del virus el absentismo permitido para evitar contagios fue muy practicado y no recuperado. Este año todos han visto aumentadas sus retribuciones en un 8 por ciento, un incremento con el que soñarían la mayoría de los trabajadores de la empresa privada.
El funcionario es un servidor público que tiene su plaza asegurada, sea cual sea su posicionamiento reivindicativo, pero su derecho a la huelga en demasiadas ocasiones convierte en rehenes al resto de ciudadanos.