En marzo de 2024 se cumplirán cuatro años ya desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el coronavirus. Hace pocos días se hizo pública una auditoría de expertos independientes sobre la gestión de aquel desastre sanitario que nadie esperaba y ante el cual se reaccionó tarde, no solo aquí, sino también en países de nuestro entorno desarrollado, faltó previsión y sobró un poco de arrogancia ante la amenaza. El documento Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia de covid-19 concluye que, efectivamente, España «no estaba lo suficientemente preparada», debido a la falta de reservas estratégicas de material, la debilidad de los sistemas de información y alerta temprana, y la insuficiencia de recursos diagnósticos. Además, se produjeron «contradicciones en la respuesta», que fue estatal pero requirió una extraordinaria coordinación con las comunidades autónomas, competentes en materia sanitaria.
Resulta llamativo que el informe, encargado en septiembre de 2021 y terminado en abril de este año, se haya mantenido en secreto hasta este mismo mes, diciembre, esquivando de este modo dos citas electorales, las autonómicas de mayo y las generales del verano, ¿coincidencia? En cualquier caso lo que verdaderamente importa ahora es aprender de la experiencia. El mismo estudio alerta de que una nueva pandemia no solo es posible sino que es probable. Los virólogos, profesionales que saltaron a la actualidad debido a la covid-19, así lo han advertido, por lo que la Agencia Estatal de Salud Pública, cuyo primer esbozo se gestó precisamente en Menorca, en la Escuela de Salud Pública del Llatzeret, y que impulsó el epidemiólogo Ildefonso Hernández, es un organismo cuya creación debe agilizarse. El anteproyecto de ley de la Agencia se aprobó por el Consejo de Ministros en verano de 2022 e inició su tramitación en las Cortes a comienzos de 2023. Ahora la nueva ministra Mónica García lo marca como prioritario para 2024. Su puesta en marcha va con retraso.