A estas horas estaba previsto un apagón sin precedentes, ni en España ni en otro país europeo, de una red de mensajería instantánea, Telegram, pero el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha reculado ante la marea de críticas y a la espera de un informe sobre el impacto que tendrá esta decisión en los usuarios.
El viernes emitió un auto por el que obligaba a las operadoras de telecomunicaciones a bloquear de manera cautelar dicha aplicación, que utilizan 8,5 millones de personas en este país. En el origen de la decisión judicial está la violación de los derechos de autor por parte de esta plataforma, al compartir enlaces y contenidos, infracción que motivó la demanda de Mediaset, Atresmedia, Movistar Plus+ y Egeda, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. Un pulso entre gigantes. Según el juez –que ahora admite que la medida es exagerada–, el bloqueo era la única salida ante la falta de colaboración de Telegram, con sede en el paraíso fiscal Islas Vírgenes, a la hora de informar sobre los titulares de cuentas que distribuyen archivos saltándose los derechos de propiedad intelectual.
Como sucede a menudo en internet, perseguir delitos choca con multinacionales escurridizas con sedes fuera de Europa. Ahora bien, la suspensión perjudicaba a millones de internautas que no hacen nada ilegal, envían mensajes o siguen canales de información, de particulares y también de instituciones públicas. El cierre sin embargo era indiscriminado, como si nos cortaran ahora internet por la basura que se aloja en algunos de sus rincones digitales y todos fuéramos culpables. La situación se produce además en un contexto en el que las televisiones pierden su batalla por las audiencias, sobre todo entre los más jóvenes, que optan claramente por las plataformas. El auto, ahora en suspenso, nos metía en una lista nada apetecible de países que mantienen Telegram censurado, como China, Irán, Pakistán y Corea del Norte, donde ni siquiera se accede a internet. Menudo club.