Hace unos días se incendiaban las redes a partir de un titular de prensa sobre lo que parecía la retirada de antena de una serie de IB3. El enfoque llevaba a confusión y al periodismo, precisamente, se le debe exigir lo contrario: claridad, rigurosidad, concreción. Y el problema es que el lector muchas veces no lee la noticia completa. El uso del verbo «liquidar» no era la mejor opción, porque la RAE da como sinónimos del sustantivo los siguientes: eliminación, anulación, supresión, erradicación, exterminio, aniquilación. La serie no se cancelaba, sino que se adelantaba su capítulo final para emitir el pasado domingo los dos que quedaban. Quizá una decisión torpe. O malintencionada.
A partir de ahí, que cada cual haga la interpretación ideológica que quiera, porque interés subyacente claro que puede haber. IB3 da juego para ello desde su creación hasta la actualidad. En la última Asamblea General de FAPE, celebrada hace 12 días, se aprobó una declaración en la que se denunciaba «que los medios de comunicación públicos no pueden estar al servicio de un gobierno o de un partido político, ni pueden convertirse en paradigma de la desinformación, la manipulación y la mentira». Y seguía: «Como servicio esencial financiado con dinero público, estos medios se deben exclusivamente a la ciudadanía y deben ser referente del periodismo libre, veraz, riguroso y útil».
La realidad es que las radios y televisiones públicas se han convertido en armas políticas y propagandísticas al servicio de los gobiernos de turno. Todas, por cierto, con índices de audiencias por los suelos. IB3 se creó por la Ley 7/1985, en el marco establecido por la Ley 46/1983, reguladora del tercer canal de televisión, que acabaron aprovechando las comunidades autónomas para sus medios públicos, en el caso de Balears al amparo de su Estatut d’Autonomia. Posteriormente, la Ley 15/2010, estableció la regulación del Ente, derogando la norma anterior. Fijó la necesidad de mayoría cualificada de dos tercios del Parlament para el nombramiento de la Dirección, bastaría mayoría absoluta al cabo de seis meses en caso de requerirse segunda votación, y el mandato sería de 6 años.
Pero en 2015 el PSIB -con el apoyo de Més y Podemos- reformó la ley de IB3 para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para los nombramientos, pasando a tres quintos, con lo que no necesitaba consensuar el candidato con el principal partido de la oposición. En 2023, el PP se planteó reformar la norma de nuevo para rebajar aún más los mínimos y reducir a cuatro el mandato del director general, lo que frenó la renuncia de Andreu Manresa. Preocupa pensar qué pasa dentro de IB3, qué ha llevado a dimitir a Albert Salas a poco más de un año de su nombramiento, seguido por la gerente y la directora de la TV.
La Asociación de Periodistas de Balears ha criticado que los diferentes gobiernos autonómicos intenten politizar el ente público y han reclamado el cumplimiento de la norma respecto al «perfil técnico y profesional» de los candidatos para garantizar «independencia y neutralidad», «primando un perfil profesional contrastado y solvente y apolítico». De ello depende la credibilidad, independencia y calidad de nuestra radiotelevisión pública balear. Pero lo mismo debe exigirse a todo el periodismo.