Desde que tengo uso de razón profesional, soy consciente de los males que aquejan esto que ahora se llama rimbombantemente el «Servicio Público de Justicia» sin que, por desgracia, ningún Gobierno democrático en nuestro país se lo haya tomado jamás en serio.
En el ámbito de la justicia, se legisla desde hace casi cincuenta años a golpe de oportunismo y ocurrencias políticas, en demasiadas ocasiones surgidas de las mentes preclaras de auténticos toreros de salón, es decir, de supuestos expertos que no han puesto un pie jamás en un juzgado, ni sufrido las perversas disfunciones del sistema, que frustran a diario las legítimas aspiraciones de miles de justiciables de obtener una tutela judicial efectiva en un tiempo razonable.
NO HAY SECRETOS NI ATAJOS para ello. Se necesitan muchos más medios humanos -en Balears, además, incentivos y ayudas económicas adaptadas a nuestro nivel de vida, para que no acaben viniendo aquí siempre los últimos de cada convocatoria y, encima, deseando irse a las primeras de cambio- y, sobre todo, materiales. No es posible digitalizar la Justicia del siglo XXI poniendo a disposición de los Juzgados medios – y pocos- del siglo XX. Los propios jueces y letrados de la administración de justicia (con lo fácil que era decir secretarios judiciales) acaban convirtiéndose en torpedeadores de los nuevos sistemas, y no porque se opongan a los mismos, sino porque desconfían, con razón, de la eficacia de los equipos y medios puestos a su disposición. Por eso mismo, algo tan cotidiano en la vida diaria de millones de ciudadanos como es una videoconferencia, se convierte en una demencial carrera de obstáculos en el ámbito de la justicia, que acaba haciendo desistir a muchos justiciables de hacer uso de los derechos que, al respecto, les reconoce la ley. A la postre, una indefensión autoinfligida para evitar males mayores. A la porra el artículo 24 de la Constitución.
La Ley Orgánica 1/2025, de reciente entrada en vigor, abunda en esa estrategia del avestruz. En lugar de intentar desatascar los juzgados poniendo recursos para ello, lo que se hace es disponer muchos más obstáculos para el acceso a los mismos, a ver si así los ciudadanos desisten de acudir a la justicia y maquillamos las escandalosas cifras de retraso/colapso que padecemos, propias de una república bananera.
ADEMÁS, se desconfía abiertamente de los profesionales, a los que jamás se escucha. La memez de exigir ahora la acreditación documental de una negociación previa a la interposición de un pleito parte de una desconfianza enfermiza hacia la abogacía. Los letrados somos los primeros que agotamos los medios de negociación antes de poner una demanda, precisamente porque sabemos que nuestra justicia es coja, manca, tuerta y desesperadamente lenta.
Pero, para el poder es mucho más sencillo acusarnos de ser unos codiciosos querulantes y distraer al personal del verdadero problema.
Si se han preguntado alguna vez por qué jamás ningún Govern de nuestras Islas ha hecho el más mínimo movimiento para asumir las competencias de Justicia, la respuesta es sencilla: Porque sería su ruina.
Mientras tanto, los baleares seguiremos siendo los últimos de una fila formada por millones de ciudadanos permanentemente estafados por el Estado.