El Área de Salud acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan estratégico de anticoncepción con el objetivo de homogeneizar la atención a la mujer en materia de planificación familiar. Contempla la actualización de protocolos, formación para los profesionales, redefinir las competencias de los sanitarios implicados, permitiendo que en los centros de salud se puedan colocar anticonceptivos hormonales como implantes subcutáneos; y un último bloque dedicado a mejorar la información a las pacientes.
Uno de los objetivos de dicho plan es reducir el número de abortos. El último dato de que se dispone indica que en Menorca se practicaron 167 abortos en 2023 y Salud sitúa el índice de interrupciones voluntarias del embarazo en 10,9 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
Cada decisión de interrumpir el embarazo es, sin entrar en consideraciones éticas, morales o religiosas de cada persona, un riesgo para la salud, aunque el procedimiento sea farmacológico, el mayoritario en Balears (el 74 por ciento en 2024). Al margen de las interrupciones terapéuticas, ¿cómo puede ser que con la información de que se dispone hoy día se incrementen los abortos para evitar un embarazo no deseado?
Del mismo modo que sucede con problemas de salud pública como el consumo de drogas, las charlas no sirven de mucho, la mayoría no se siente interpelada, «eso no me va a pasar a mí», pero pasa. Y si no hay prevención en cuanto a la salud reproductiva, tampoco existe para evitar contraer las enfermedades de transmisión sexual, que están en un aumento preocupante y continuo en toda Europa. El año pasado Balears fue la segunda comunidad con la tasa más alta de sífilis del país. Parecían enfermedades del pasado y se ha bajado la guardia del todo.
Ambos problemas, aumento de embarazos indeseados y de infecciones de transmisión sexual, solo denotan una cosa, el fallo de las políticas de educación sexual, sobre todo en jóvenes, y la necesidad de replantearlas.