Sóller, hace unos días por la tarde, aunque podría ser cualquier playa del archipiélago. Un yate con sus ocupantes tomando su merienda vespertina okupa la zona de baño. Un desconocido y yo tenemos que sortear un pedazo de embarcación mientras osamos nadar viendo pececitos. Vamos alejados de la orilla, pero dentro del área delimitada por las boyas, donde el acceso para barcos está prohibido. Ni inmutarse. Parece que la prepotencia es directamente proporcional a la potencia de su transporte.
El socorrista se acaba de ir. Llamo a la policía local y me derivan al 112, pero les digo que no puedo molestar en un teléfono de emergencias para un asunto así y ocupar minutos que pueden ser cruciales para una necesidad vital. No me parece lógico. La agente me muestra absoluta empatía, pero no es su competencia. Ya me pasó en otra ocasión, cuando acabé llamando a Puertos y ahí todo el mundo se daba mus.
Podría callarme, pero creo que alguien debe denunciar para que los que vienen en casa flotante sin pagar ecotasa pese a lo mucho que contaminan entiendan que las bolas atadas con cuerdecita no son decoración marina, sino una frontera legal. Porque la ley que regula el dominio público marítimo-terrestre establece que las embarcaciones a motor no pueden acercarse a menos de 200 metros de la costa, salvo en canales de acceso expresamente señalizados.
En teoría, Capitanía Marítima debería vigilar estas infracciones; Demarcación de Costas, proteger el uso público de la playa; los ayuntamientos, alertar de comportamientos peligrosos. Pero en la práctica, las multas son insuficientes y pecata minuta para el que las puede incluir en el presupuesto vacacional junto al cava y la gasolina. Así que el bañista está más protegido por el socorrista adolescente de la torre que por cualquier autoridad con competencias difusas, medios limitados y clara desidia.
La cosa es grave porque es la tónica en gran parte de nuestra costa, donde lanchas y motos acuáticas se burlan de la seguridad de los desprotegidos bañistas. Es grave, no solo por el susto de ver una hélice a cinco metros de unos niños; también porque envía un mensaje clarísimo: aquí, quien paga, manda. Aunque sea en espacio público. Aunque esté prohibido. Aunque haya bañistas.
Baleares no puede seguir cediendo su litoral al caos náutico de verano. Porque el mar, como la tierra, también necesita orden. No sólo para protegernos, sino para recordarnos que aquí no se navega por encima del bien y del mal. Por muy larga que sea la eslora.