Cada verano, Menorca se convierte en un pequeño embudo de asfalto. Los coches se multiplican como si la Isla pudiera estirarse para darles cabida. Y no puede. La propuesta de limitar la entrada de vehículos no es una ocurrencia caprichosa, sino de una urgencia que responde a algo evidente: el territorio menorquín es frágil y el turismo masivo lo está poniendo a prueba.
Basta poner un pie en Menorca en agosto para ver cómo la Reserva de la Biosfera se asfixia bajo el peso de miles de coches que convierten la Isla en un circuito de chapa y humo. Atascos interminables, aparcamientos saturados y parkings improvisados en espacios inapropiados. Menorca no necesita más ruedas, sino más conciencia y responsabilidad colectiva.
El problema no es el turismo, sino la falta de valentía para ordenar su llegada. No basta con discursos ecologistas, hacen falta decisiones firmes y acciones inmediatas para evitar que las ruedas sigan devorando el suelo.
El Consell ha fijado en 120.000 el techo de vehículos que pueden coincidir simultáneamente en la Isla, pero esta cifra apenas representa una reducción del 1,8 por ciento respecto al número máximo registrado el año pasado, que fue de 122.170 vehículos. De ahí que esta medida, que la institución insular pretende empezar a aplicar en 2026, plantee interrogantes sobre su efectividad real y su contribución a reducir la congestión en las carreteras de Menorca.
Pero la Isla no puede permitirse que la restricción de vehículos se quede en un simple límite numérico mientras sigue sin ofrecer alternativas reales para desahogar las vias. El transporte público debería ser, también, prioritario, y no un complemento marginal. Más autobuses, mejores frecuencias, rutas directas a los puntos clave y tarifas accesibles para intentar frenar el reinado del vehículo privado.