Los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas se sienten demonizados. El auge de este tipo de turismo o forma de vida rodante, porque muchos de estos vehículos se usan como la vivienda a la que es imposible acceder –terrible que ya se haya normalizado–, los ha puesto en la diana. El Consell, en el reglamento que limitará la entrada de vehículos, recorta a 30 las autocaravanas que pueden llegar sin reserva en un camping, dejando exentas las de los residentes. No obstante muchos municipios intentan regular la actividad debido a su enorme expansión. Quienes la practican se sienten perseguidos. La mecha ha prendido con la nueva ordenanza de tráfico y movilidad de Ferreries, que prohíbe el estacionamiento de caravanas en el núcleo urbano.
La Plataforma Nacional de Autocaravanas incluso advierte que la ordenanza «es ilegal» y anuncia que impugnará la normativa, amparándose en que ya hay jurisprudencia a su favor. Pero lo cierto es que todos los municipios regulan la ocupación de sus calles. A qué si no responden la peatonalización de centros históricos, como la que hace años se llevó a cabo en Maó, no sin dificultades, quejas y polémica, como la que ahora vive Ciutadella con la expulsión de los coches de Es Born; cómo se entiende si no que en el casco urbano de Es Castell se prohíba aparcar a los conductores de fuera durante el verano, ciertas horas al día, para favorecer que los residentes puedan hacerlo; o que el Cos en Sant Lluís también tenga un horario estival de cierre al tráfico rodado. Todas son medidas bajo la competencia municipal para regular su espacio urbano. Los conductores de turismos también pagan impuestos y deben respetar restricciones, como la de no poder acceder en verano a Favàritx u otros enclaves y playas en aras de la protección del entorno y debido a la masificación. La era de moverse con libertad total y plantarse en primera línea ha acabado, pero no solo para las caravanas, me temo que para todos.