Tres dimisiones en 10 días por currículos falsos. Y hemos perdido la cuenta de los que se siguen agarrando a la silla pasando por la vergüenza de desinflar sus méritos. O seguir mintiendo con disimulo. Lo peor es que puede haber cientos ocupando puestos que no merecen, dando lecciones y presumiendo de autoridad. Algunos incluso con inmunidad. Políticos gestionando o dirigiendo nuestras vidas, a los que se debería exigir por ley una mínima formación. Está claro que un no titulado puede ser más competente que uno con dos carreras, pero hay una virtud que marca la valía de una persona y que debe ser irrenunciable para quien ocupa un cargo público: la honradez.
2 Ahora hemos sabido también que hay funcionarios con plaza fija vulnerando la Constitución y ese artículo que dice que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de mérito y capacidad, garantizando que la selección se base en la aptitud y cualificación de los candidatos. La otra vuelta de tuerca es atreverse a falsificar un título, incurriendo en otro delito. Saltarse las reglas del juego es despreciar el esfuerzo, tiempo y dinero de los que han invertido en formarse.
Todas estas triquiñuelas se suman al deshonesto acceso al empleo público a través del nepotismo y el amiguismo. El sistema ha demostrado indecentes subterfugios en forma de filtraciones, tribunales comprados, entrevistas manipuladas y plazas a medida para beneficiar a vasallos que permitan al poderoso seguir moviendo hilos. Mientras, ciudadanos de a pie luchan cada día por pagar matrículas, lograr becas, compaginar estudio y trabajo, y homologar títulos.
Pero atención, que la mentira está protegida por ley orgánica. Resulta delirante que cualquier consulta a una universidad para saber si alguien se tituló allí, o si aquel máster existió, se golpee contra el tóxico muro de la protección de datos. La misma ley que permite vender tus datos al mejor postor bloquea cualquier intento de saber si quien legisla sobre ti terminó la carrera o la abandonó tras el primer parcial. En un país donde uno puede falsear un título, pero no verificar si lo tiene, hemos llegado al absurdo de que pedir transparencia sea ilegal.
Las tres dimisiones (PP, PSOE y Vox) en un entramado de jetas son anecdóticas, si bien sorprende la inédita y sana práctica de la renuncia en un país donde atornillarse al cargo es la tónica. La rentabilidad para los farsantes especializados, que sobrepasan el ámbito político, evidencia las fisuras de un sistema que carece de suficientes garantías de control. Y lo más repugnante e incomprensible es que incluso obtengan premio. Resulta demencial que Mediaset haya fichado a Noelia Núñez como colaboradora.