Cual adolescentes en celo, lo que más gusta a la clase política balear es darse lengua, solo que nuestros políticos prefieren atizarse con ella en la cabeza, para romperle la crisma al adversario. Este estéril debate es tan cansino, que provoca hartazgo en la inmensa mayoría de la ciudadanía. Qué pesados son tirios y troyanos, es decir, quienes abogan por la total eliminación del castellano en la administración y la escuela, y sus homólogos de la contraparte, que odian hasta el nombre -catalán- de la lengua histórica de estas Islas.
Los últimos capítulos de esta tragicomedia son los intentos de Vox de imponer al Govern un modelo que fomente lo que ellos llaman «libre elección de lengua», es decir, eliminar la salvaguarda legal para la lengua minorizada -que es, sin duda, la catalana (como prefieran llamarla en cada isla)- y, al otro lado del cuadrilátero, quienes se oponen al mero reconocimiento del carácter vehicular del castellano en la escuela, más allá de la asignatura homónima.
Ambos bandos tienen una gran obsesión por luchar contra la realidad y tratan de fidelizar a su parroquia con demagogia a raudales y una falsa percepción de nuestra sociedad, que conciben dividida por razones lingüísticas. Ni siquiera el PSIB se salva de esta tendencia, cegado como está en su cruzada anti-Prohens, cuando lo lógico sería que los partidos mayoritarios acordaran las líneas básicas del respeto a aquello que proclama el artículo 3 de nuestra Constitución, es decir, el deber de todas las instituciones del Estado de proteger nuestro patrimonio lingüístico en su integridad. Ni solo el catalán, ni solo el castellano, a ver si así se entiende.
A todo esto, nuestro TSJ ha vuelto a resolver lo que la mayoría de quienes lo seguimos ya sabíamos que resolvería, y no porque seamos adivinos, sino porque hace solo unos meses ya hizo lo propio. No procede imponer en Balears un mínimo de enseñanza en lengua castellana -al estilo de lo sucedido en Cataluña- porque, al contrario que allí, en nuestras Islas los centros pueden diseñar un proyecto lingüístico que otorgue carácter vehicular al castellano, siempre que garantice que el 50 por ciento de la carga lectiva se imparta en catalán. Es el mal llamado «decreto de mínimos», que hoy ya no es un decreto, sino un artículo de la Llei d’Educació de les Illes Balears. En suma, el TSJ no bendice el modelo de inmersión -como pretenden hacernos creer sus partidarios-, ni ningún otro modelo, sino que señala que en Balears una familia puede elegir un centro distinto a aquellos que tienen un proyecto lingüístico íntegramente en catalán y que sus hijos reciban sus clases también en castellano, aunque, a día de hoy, sean todos ellos centros privados concertados. PLIS ha errado, una vez más, el tiro. Cosa distinta sería que se hubiera planteado el escenario en el que una familia exigiera recibir un porcentaje de clases en castellano en la enseñanza pública, pues, según nuestro Tribunal, estaría en su pleno derecho, de manera que habría que garantizárselo. Aquí sí que el Govern y el conseller Antoni Vera se verían obligados a mover ficha y ofrecer plazas suficientes en centros públicos. De momento, como en tantas otras cosas, la concertada garantiza ese derecho a las familias, que no es poco.