España bate récords. Ningún otro país del mundo occidental posee semejante número de expertos en leyes.
La verdad es que la cifra me ha sorprendido, porque oficialmente nuestras universidades incorporan 13.800 graduados en Derecho cada año y el número total de letrados españoles asciende a unos 462.000. La diferencia hasta más de once millones me resulta inexplicable.
A lo mejor soy demasiado viejo y sigo anclado en la vetusta idea de que para opinar acerca de una materia hay que haberla estudiado. Solo conozco dos excepciones aceptables a esta regla, el fútbol y el tópico caso de los argentinos -dicho sea con todo el cariño-, que tienen fama de poder hablar de cualquier materia como el experto más reputado.
Pero lo nuestro tiene mucho más mérito, porque no solo opinamos acerca del sentido de las resoluciones judiciales más sesudas sin necesidad siquiera de haber cursado Derecho -diría, incluso, que sin necesidad de acabar la secundaria-, sino que lo hacemos antes incluso de que estén redactadas.
La izquierda de este país y sus fieles votantes -alguna excepción habrá, pero pocas- ha decidido que la condena al ya ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido una cacicada injusta por parte de unos jueces fascistas de tomo y lomo. Yolanda Díaz llama a la rebelión y todo el Gobierno de Sánchez manifiesta su beligerante discrepancia. Es decir, discrepan de la nada, porque nada conocemos aún. El argumento es irrebatible porque, naturalmente, se funda en la filiación política del reo, no en sus obras. Si se juzga a un progre -algo, de por sí, absolutamente intolerable- solo cabe su absolución con todos los pronunciamientos favorables, porque cómo va a haber delinquido alguien que comparte conceptos morales con Pedro Sánchez, eso es un delirio de la derecha extrema y la extrema derecha. A ver a qué maníaco demente y fascistoide se le ocurrió que pudiera suceder tal cosa.
Y, desde luego, si, debido al carácter intrínsecamente franquista de nuestra judicatura, acaba produciéndose la condena del susodicho contra el parecer del proletariado patrio, todas las fuerzas progresistas, cual Frente Popular redivivo, han de montar una revolución de tal calibre que ríete tú de la quema de conventos e iglesias durante la II República.
TVE ya está trabajando en ello, con esa aséptica imparcialidad que caracteriza a sus informativos. El clamor popular no cesará. Basta ver cómo tres o cuatro centenares de expertos juristas -los otros 11 millones y pico estaban echándose la siesta- se juntaron el domingo pasado ‘espontáneamente’ frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid para afear a los magistrados su contumaz querencia por el fascio. Aunque aquello parecía una excursión del club de la Tercera Edad de Alpedrete, iban, eso sí, capitaneados por un auténtico líder en estas cosas, el exjuez Baltasar Garzón, que nadie podrá decir que no es un experto, sobre todo en prevaricación, porque los once años de inhabilitación a que fue condenado y su expulsión de la carrera judicial le han proporcionado mucho tiempo para estudiar a fondo los juicios de los demás y, a mayor abundamiento, se ve que ha adquirido dotes adivinatorias propias de un médium, porque ya sabe, de pe a pa, lo que dice la dichosa sentencia. Qué tío.