La colaboración público-privada comenzó a desarrollarse con mayor intensidad a partir de la década de 1990 y se articula como un acuerdo contractual de largo plazo mediante el cual el sector privado asume la provisión de servicios públicos que tradicionalmente habían sido financiados y gestionados directamente por el Estado. Estos acuerdos han abierto, en las últimas décadas, nuevas y rentables áreas de negocio para numerosos grupos empresariales.
Los defensores de la colaboración público-privada sostienen que, al aprovechar los recursos y la experiencia del sector privado, las administraciones públicas pueden mejorar tanto la cantidad como la calidad de los servicios prestados. También argumentan que el sector privado es más eficiente y está mejor capacitado para la provisión de servicios públicos. Desde esta perspectiva, la colaboración público-privada se presenta como una solución a las limitaciones financieras y a la supuesta ineficiencia inherente a la administración pública. Sin embargo, cabe cuestionarse si la gestión pública es realmente tan ineficiente como se afirma. Además, quizás sea necesario replantear qué entendemos por ‘eficiencia’ cuando hablamos de servicios orientados al bienestar de la ciudadanía.
Por ejemplo, ¿la multinacional Ribera Salud gestiona hospitales más eficientemente que nuestro sistema de sanidad pública? Pues, de nuevo, depende de lo que uno entienda por eficiencia. Por supuesto que, si, tal y como el CEO de la compañía, Pablo Gallart, pidió a sus empleados que hicieran, la empresa aumenta a propósito las listas de espera de un hospital público para ahorrarse las intervenciones más caras, podrá presumir de resultados ante sus accionistas. ¿Pero es eso realmente eficiencia?
En mi opinión, y al contrario de lo que se cree, el sistema privado de salud adolece de una considerable ineficiencia estructural. Y la razón no estriba en su forma de gestionar, sino en el hecho de que la salud se enfoque como un negocio y no como un derecho social. Las compañías aseguradoras privadas, cuyo objetivo es maximizar beneficios, reducen coberturas, evitan a los pacientes más enfermos (o les imponen cuotas estratosféricas), imponen copagos y generan un volumen gigantesco de trámites administrativos. Una parte sustancial de los recursos de estas empresas no se destina a personal sanitario ni a hospitales, sino a publicidad, intermediarios, auditorías y litigios. Además, estas empresas han de tener beneficios económicos; es decir, han de ingresar más de lo que gastan en sus pacientes. En cambio, el sistema público no tiene estos costes y puede destinar sus recursos a lo verdaderamente importante: cuidar de la salud de la gente. Un ejemplo paradigmático: en EEUU, donde el sistema de salud es mayoritariamente privado, el gasto sanitario por habitante es el doble que en su vecino Canadá, donde la sanidad es principalmente pública. Y aun así los resultados en salud son peores en EEUU: menor esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y mayor mortalidad evitable.
En España se permite que las empresas privadas que colaboran con la sanidad pública se queden con los tratamientos más rentables y con los pacientes menos complejos, mientras que los casos más costosos se trasladan al sector público. Por eso las empresas privadas de salud obtienen enormes beneficios. El verdadero problema del sistema público de salud no es su ineficiencia, sino su infrafinanciación. La solución no pasa por privatizar o externalizar servicios hacia la empresa privada, sino por invertir más recursos públicos y ampliar los servicios (medicamentos, cuidados de larga duración, atención domiciliaria, quirófanos). De este modo se podrán reducir las listas de espera y reforzar el modelo universal sin tener que colaborar con empresas privadas cuyo objetivo es maximizar beneficios y no la salud de la gente.