En las ciudades españolas es cada vez más común observar coches que permanecen estacionados durante semanas o incluso meses en el mismo lugar, sin moverse ni ser reclamados por sus propietarios. Este fenómeno, conocido popularmente como el del "coche okupa", está generando preocupación entre residentes, autoridades y administradores de fincas, pues estas unidades ocupan valiosas plazas de aparcamiento que podrían estar en uso.
Según datos recientes, en España se contabilizan alrededor de 76.000 vehículos abandonados anualmente, según cifras proporcionadas por el Real Automóvil Club de España (RACE). Esta cifra ha aumentado progresivamente en los últimos años, con un incremento estimado de unos 5.000 coches más por año, lo que evidencia la necesidad de una regulación más estricta y medidas efectivas para afrontar esta problemática.
El fenómeno del coche okupa afecta tanto a espacios públicos como privados. De esos 76.000 vehículos, cerca de 50.000 se encuentran en plazas de estacionamiento públicas, mientras que otros 6.000 están ubicados en talleres o aparcamientos de uso público. Los restantes 20.000 vehículos se hallan en espacios privados, como garajes, parkings de centros comerciales o urbanizaciones residenciales, lo que complica aún más su gestión y retirada.
La normativa vigente y medidas específicas de la DGT
Consciente del creciente impacto de los coches abandonados en el espacio público, la Dirección General de Tráfico (DGT) endureció sus criterios para la gestión y eliminación de estos vehículos mediante la publicación el 29 de septiembre de 2022 de la Instrucción VEH 2022/26. Esta instrucción amplía los supuestos legales para la retirada, destrucción y descontaminación de vehículos abandonados tanto en la vía pública como en recintos privados, interpretando de manera más exhaustiva el artículo 106 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
Este cambio normativo busca facilitar la eliminación de estos coches, que representan un problema de movilidad y contaminación visual y ambiental. Sin embargo, la aplicación práctica de estas normas implica un proceso burocrático riguroso para poder proceder a la retirada definitiva del vehículo.
Para iniciar la gestión de eliminación, la administración debe contar con pruebas que acrediten el abandono. Estas pruebas incluyen la toma de varias fotografías que evidencien la situación de abandono, una declaración formal ante notario sobre el estado del vehículo, y una certificación expedida por el administrador de la finca o representante del lugar donde está estacionado el coche, tal y como informó el medio 20 Minutos en un reciente análisis.
Proceso administrativo y derechos del propietario
Una vez iniciados estos trámites, el proceso de retirada suele alargarse alrededor de un mes, tiempo durante el cual la administración intenta localizar y notificar al propietario sobre la intención de retirar el vehículo.
En caso de que el dueño del vehículo demuestre que el coche no está abandonado, debe proporcionar el permiso de circulación vigente junto con la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que acredite que el automóvil está en condiciones legales para circular. Esto evita la retirada y posibles sanciones.
Este proceso, aunque estricto, busca equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos con la necesidad de recuperar espacios públicos y privados afectados por automóviles sin uso ni vigilancia.
Puede haber muchas razones de utilizar el coche. El propietario puede estar enfermo y hasta que no se reponga no puede usarlo. Puede que prefiera caminar para hacer ejercicio físico...