En 2025, España afronta un nuevo desafío con el complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reiterado su advertencia sobre la posible discriminación que sufren los hombres en este sistema, que hasta ahora está diseñado para compensar las trayectorias laborales afectadas por el cuidado de los hijos.
El complemento actualmente abona 35,90 euros por cada hijo, con un límite de cuatro. Esto significa un aumento máximo de 143,60 euros mensuales y una mejora anual superior a los 2.000 euros. A septiembre de 2025, más de 1.143.000 pensiones incluían este plus, de las cuales el 85%, es decir, cerca de 972.500 mujeres, gozan de esta ayuda. El pago medio mensual ronda los 75,2 euros.
Sin embargo, el foco prioritario en quien tiene la pensión más baja ha llevado a que el complemento se perciba mayoritariamente por mujeres, algo que la justicia europea considera una discriminación hacia los hombres. En consecuencia, el Gobierno español ha desarrollado un borrador que el Ejecutivo llevará a la mesa de diálogo social para reformular esta ayuda.
Funcionamiento actual del complemento por brecha de género
El complemento fue concebido para compensar a quienes experimentaron perjuicios en su carrera laboral derivados del cuidado de hijos. Esto abarca tanto la salida temporal del mercado laboral como la pérdida de ingresos. En la práctica, sólo lo percibía quien demostrara que colaborar en los cuidados familiares había supuesto un detrimento económico o laboral.
El esquema vigente en España prioriza al progenitor con la pensión más baja. Este diseño favorece mayoritariamente a las mujeres, debido a que, habitualmente, han tenido carreras profesionales más interrumpidas o con menores cotizaciones. Esta situación ha generado críticas del TJUE, que reclama evitar cualquier forma de trato discriminatorio entre hombres y mujeres en materia de pensiones, incluso cuando el complemento busca corregir diferencias de género.
Nuevas modificaciones tras la recomendación del Tribunal Europeo
El nuevo borrador presentado por el Ministerio de Inclusión introduce criterios más claros para conceder el complemento. Cambia el enfoque de «quién cobra menos» a «quién acredita el perjuicio». Esto significa que el pago no se otorgará simplemente por tener hijos, sino que se requerirá demostrar que el desarrollo profesional de uno de los progenitores se vio afectado por estos cuidados.
Además, se establece que solo uno de los dos progenitores podrá recibir el complemento y que será quien primero lo solicite y cumpla los requisitos. Si posteriormente el otro progenitor presenta una solicitud acreditando el perjuicio, el complemento se asignará en función de la pensión más baja. En esencia, se impone un orden 'primero que cumpla y solicite'.
Requisitos para la concesión del complemento
El texto de la reforma propone tres vías alternativas para acreditar el perjuicio laboral:
- Más de tres meses sin cotizar entre los nueve meses previos al nacimiento y los seis años posteriores. En casos de adopción, se toma la fecha de la resolución judicial.
- Reducción del 10% o más en la suma de bases de cotización durante los dos años posteriores al nacimiento o adopción, comparado con los dos años anteriores.
- Ausencia total o casi total de cotizaciones (menos de 180 días cotizados) antes del parto o adopción.
Este cambio formaliza el proceso para que quien realmente haya sufrido un impacto laboral pueda acceder a este plus, evitando la asignación automática basada únicamente en tener hijos.
Imposiciones y proceso de implantación
Por ahora, la propuesta sigue en fase de borrador y será presentada en la mesa del diálogo social, que agrupa a sindicatos y representantes de la patronal. La finalidad es consensuar y perfeccionar el mecanismo antes de aprobar un texto definitivo.
El Gobierno quiere así corregir las deficiencias que el TJUE ha señalado desde 2021 y garantizar un esquema más justo y equitativo entre hombres y mujeres, que respete los principios de no discriminación recogidos en la legislación europea.
De aplicarse, estas nuevas reglas modificarían profundamente el acceso al complemento en España a partir de 2025, poniendo mayor énfasis en la acreditación del perjuicio real y no solo en criterios económicos o cuantitativos.