El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) representa un salvavidas económico fundamental para miles de trabajadores españoles cuyos empleadores no pueden hacer frente a sus obligaciones salariales. Según establece el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo interviene cuando las empresas, por motivos de insolvencia o concurso de acreedores, no pueden abonar los salarios o indemnizaciones debidas a sus empleados. La normativa vigente, recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, garantiza que los trabajadores no queden totalmente desamparados ante situaciones de impago.
Durante el pasado año 2024, según datos del propio FOGASA, este organismo tramitó más de 85.000 expedientes relacionados con impagos salariales, lo que demuestra la importancia capital de este recurso para el tejido laboral español. Los expertos en derecho laboral señalan que conocer con precisión el funcionamiento de este mecanismo resulta imprescindible para cualquier trabajador que se encuentre en una situación de vulnerabilidad por impago. El FOGASA actúa como un organismo autónomo que garantiza el cobro de determinados conceptos salariales e indemnizatorios cuando la empresa se encuentra en situación de insolvencia o concurso.
Para que este mecanismo se active, es necesario que exista un reconocimiento previo de la deuda, ya sea mediante sentencia judicial, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa. «El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo, garantiza a los trabajadores el cobro de los salarios e indemnizaciones reconocidos por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa cuando el empresario sea declarado insolvente o en concurso», establece literalmente el artículo 33.1 del Estatuto.
Una vez se cumplen estos requisitos, el procedimiento de solicitud puede iniciarse a través de la sede electrónica del FOGASA o presencialmente en sus oficinas. Los trabajadores disponen de un año desde la resolución judicial o administrativa para presentar su solicitud, un plazo que muchos expertos consideran crucial no dejar pasar. Es importante señalar que la cobertura del FOGASA no es ilimitada. En el caso de los salarios pendientes de pago, incluidos los de tramitación, el fondo establece un límite máximo de 120 días, sin que el salario diario considerado pueda exceder del doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Considerando que el SMI en 2025 se sitúa en 1.350 €/mes distribuidos en 14 pagas, esto supone un salario diario aproximado de 90 €. Por tanto, el límite máximo que cubriría el FOGASA sería de unos 180 € diarios durante un periodo máximo de 120 días. En cuanto a las indemnizaciones por despido o extinción del contrato, la protección del fondo se limita a una anualidad de salario como máximo, sin que el salario diario base del cálculo pueda superar, igualmente, el doble del SMI vigente. Esta limitación resulta especialmente relevante para trabajadores con antigüedad considerable, cuyas indemnizaciones reales podrían superar ampliamente este tope.
El mecanismo de subrogación: cómo recupera el Estado lo abonado
Un aspecto fundamental del funcionamiento del FOGASA es el mecanismo de subrogación que le permite reclamar a la empresa deudora las cantidades abonadas a los trabajadores. «Una vez que el FOGASA paga al trabajador, pasa a ocupar su lugar frente a la empresa para reclamarle lo abonado», explica claramente el artículo 33 en su apartado correspondiente. Esta subrogación implica que el Estado no asume definitivamente la deuda, sino que se convierte en acreedor de la empresa, ocupando la misma posición jurídica que tenía el trabajador.
Durante el año 2024, según fuentes del Ministerio de Trabajo, el FOGASA logró recuperar aproximadamente un 22% de las cantidades abonadas mediante este procedimiento de reclamación a las empresas deudoras. Los expertos en derecho laboral señalan que este sistema de subrogación permite equilibrar la protección social con la responsabilidad empresarial, evitando que las empresas puedan utilizar el FOGASA como mecanismo para eludir sus obligaciones económicas.
La legislación también contempla situaciones particulares en casos de contratas y subcontratas. Cuando se produce la insolvencia de una empresa contratista o subcontratista, el FOGASA puede abonar los salarios e indemnizaciones a los trabajadores afectados, «sin perjuicio de repetir luego contra las demás empresas responsables solidarias». Este punto resulta especialmente relevante en sectores como la construcción o los servicios, donde la subcontratación es una práctica habitual.
La normativa establece que las empresas principales pueden tener responsabilidad solidaria respecto a las deudas salariales de sus subcontratistas, lo que amplía el marco de protección para los trabajadores. Los especialistas en derecho laboral destacan la importancia de documentar adecuadamente la relación laboral y todos los impagos para facilitar la tramitación de estas reclamaciones en casos de cadenas de subcontratación.
¿Quién puede acceder a las prestaciones del FOGASA?
Pueden beneficiarse de las prestaciones del FOGASA todos los trabajadores vinculados por relación laboral, incluidos los empleados de hogar desde su integración en el Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, quedan excluidos los altos directivos y los funcionarios públicos, que disponen de otros mecanismos de protección. Para acceder a estas prestaciones, además de la declaración de insolvencia o concurso de la empresa, es necesario que exista un reconocimiento previo de la deuda mediante los cauces legales establecidos. Esto implica que el trabajador debe haber iniciado previamente las acciones legales correspondientes contra la empresa deudora.
Los datos recopilados durante 2024 muestran que el tiempo medio de resolución de expedientes por el FOGASA se situó en torno a los 3 meses, aunque este plazo puede variar significativamente según la complejidad del caso y la carga de trabajo de la unidad administrativa correspondiente. El papel del FOGASA ha ido evolucionando a lo largo de los años para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral. Desde su creación en 1976, este organismo ha experimentado diversas modificaciones normativas para ajustarse a las necesidades cambiantes de protección de los trabajadores.