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Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lanza un aviso a los jubilados: «Podéis perder cientos de euros en 2026»

Cambios en la normativa sobre jubilación anticipada modificarán el cálculo de pensiones máximas

Muñoz ha compartido la información en redes sociales

| Palma |

Los jubilados anticipados deben prestar atención a las recientes novedades en la normativa que afectan al importe de sus pensiones a partir del 1 de enero de 2026. Alfonso Muñoz, funcionario experto en la Seguridad Social, ha alertado sobre posibles pérdidas de cientos de euros mensuales en algunos casos debido a la eliminación de una disposición transitoria clave que suaviza las reducciones en el cálculo de ciertas pensiones anticipadas.

En estos momentos, el simulador oficial de la Seguridad Social advierte que la disposición transitoria 34, que altera el modo de calcular las pensiones anticipadas voluntarias cuya cuantía inicial supera la pensión máxima, ya ha dejado de aplicarse. Esto anticipa un cambio significativo en el importe final que registrarán los jubilados anticipados que se vean afectados.

Para muchos ciudadanos que optan por una jubilación anticipada y que, además, cuentan con bases regulatorias elevadas, esta modificación puede traducirse en recortes en el pago mensual de su pensión. Muñoz recalca que la situación exige un análisis pausado del mecanismo y sus implicaciones para que el público pueda entender las consecuencias reales.

La disposición transitoria 34 se estableció como un régimen especial para el cálculo de las pensiones anticipadas voluntarias en las que la cuantía inicial supera el importe máximo establecido para las pensiones en España. En esencia, aunque un trabajador hubiera conseguido un cálculo de pensión inicial mayor a la pensión máxima –que para el año 2025 estaba fijada en 3.267,60 euros–, en lugar de sufrir un recorte severo por jubilarse antes de la edad legal, se le aplicaban coeficientes reductores específicos, menores que los generales, para suavizar estas reducciones.

Fin del periodo transitorio y consecuencias

Este régimen especial tenía previsto un periodo transitorio de 10 años que expiró a finales de 2025, y que permitía aplicar estas condiciones especiales durante ese tiempo. No obstante, según lo establecido en la normativa y explicado por Alfonso Muñoz, el fin de la aplicación de esta disposición transitoria se aceleró debido a la evolución al alza de la pensión máxima.

El supuesto legal requiere que esta disposición se mantenga hasta que la pensión máxima absorba los efectos del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021 y que la pensión reconocida nunca sea inferior a la de entonces. A partir del 1 de enero de 2026, esta condición deja de cumplirse, por lo que habrá que aplicar los coeficientes reductores generales indicados en el artículo 208 de la ley de la Seguridad Social para las jubilaciones anticipadas voluntarias que superen la pensión máxima. En la práctica, esto significa que la reducción sobre la pensión máxima será mucho mayor, impactando directamente en la cuantía que recibirán los futuros jubilados anticipados.

Por ejemplo, un trabajador que para 2025 con la disposición transitoria hubiera sufrido una reducción del 9,1% (aproximadamente 305,69 euros), podría ver aplicada una reducción general del 21% a partir de enero de 2026 (más de 700 euros), lo que supondría un recorte mensual de alrededor de 400 euros. Por tanto, la eliminación de la disposición transitoria 34 puede significar un recorte considerable en los ingresos mensuales para ciertos jubilados.

Excepciones y situaciones especiales

No obstante, cabe destacar que el cambio no será uniforme para todos los casos. Según la propia normativa, quedan excluidas del cambio algunas situaciones que mantienen la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en la disposición transitoria:

  • Cuando el contrato que da derecho a la jubilación anticipada se extinguió antes del 1 de enero de 2022 y el afectado no ha vuelto a cotizar en la Seguridad Social por más de 12 meses desde entonces.
  • Cuando el despido o la extinción del contrato se produjo debido a un expediente de regulación de empleo (ERE), convenio colectivo o acuerdo empresarial aprobado antes del 1 de enero de 2022.

Estos supuestos garantizan cierta protección para trabajadores en situaciones de despido involuntario o regulado, manteniendo unas condiciones menos gravosas para su pensión anticipada.

Regulación de la jubilación anticipada involuntaria

Otra vertiente importante es cómo se calcula la pensión máxima en los casos de jubilación anticipada involuntaria. En estos supuestos, recogidos en el apartado 4 del artículo 210 de la ley general de la Seguridad Social, los coeficientes reductores se aplican siempre de forma más favorable. En concreto, la cuantía máxima que puede recibirse se reduce en un 0,50% por cada trimestre o fracción anticipada respecto a la edad legal de jubilación. Por ejemplo, si un trabajador se jubila anticipadamente involuntariamente ocho trimestres antes, la reducción máxima sobre la pensión no superaría el 4%, resultando una cuantía más alta que en la jubilación anticipada voluntaria bajo los nuevos coeficientes generales.

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