El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una reforma del Ingreso Mínimo Vital que entrará en vigor a partir de 2026 y que permitirá a los jóvenes mayores de 23 años solicitar esta prestación de forma individual aunque continúen residiendo en el domicilio de sus padres. La medida supone un cambio sustancial en los criterios de acceso a esta ayuda, ya que hasta ahora la convivencia familiar dificultaba enormemente la posibilidad de percibir el IMV de manera autónoma. Con esta modificación normativa, el Ejecutivo responde a la situación de precariedad que afecta a miles de jóvenes españoles que, pese a tener edad legal para independizarse, se ven obligados a permanecer en casa de sus progenitores por falta de recursos económicos suficientes.
La clave del cambio radica en que el acceso al IMV dependerá exclusivamente de la situación económica real del solicitante y no del lugar donde resida. Así, los jóvenes a partir de 23 años podrán acreditar que no forman parte de la unidad económica familiar y que carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que les habilitará para recibir la prestación. No se trata, por tanto, de una ayuda automática vinculada únicamente a la edad, sino de una prestación condicionada al cumplimiento de los requisitos habituales de vulnerabilidad económica que ya exige el sistema actual del IMV. La diferencia fundamental es que ya no se tendrá en cuenta el domicilio como factor excluyente.
El contexto socioeconómico que ha motivado esta reforma es evidente. Según los últimos datos disponibles, más del 60 % de los menores de 30 años en España continúa viviendo con sus padres, una cifra que ha ido en aumento durante los últimos años. La imposibilidad de acceder a una vivienda en régimen de alquiler o compra, unida a la precariedad laboral y los bajos salarios, ha convertido la emancipación en una quimera para buena parte de la juventud española. En este escenario, muchos jóvenes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica pese a compartir techo con sus progenitores, lo que justifica la necesidad de adaptar el sistema de protección social a esta realidad.
En cuanto al importe económico de la prestación, el Ingreso Mínimo Vital alcanzará los 733 euros mensuales para un beneficiario individual tras la revalorización prevista para 2026. Esta cifra corresponde al umbral garantizado para una persona sola sin recursos y representa la cantidad máxima que podrá percibir un joven que cumpla todos los requisitos establecidos. No obstante, es importante señalar que el importe final puede variar en función de diversos factores, como los ingresos previos del solicitante, su patrimonio acumulado o la compatibilidad con otras ayudas autonómicas o estatales que pudiera estar percibiendo simultáneamente.
La cantidad de 733 euros mensuales se establece como el tope máximo de la prestación individual, pero no todos los beneficiarios recibirán necesariamente esa cuantía completa. El sistema del IMV funciona mediante un cálculo que tiene en cuenta la diferencia entre los ingresos reales de la persona y el umbral de renta garantizada establecido para cada tipo de unidad de convivencia. De este modo, si el joven solicitante cuenta con algún ingreso, aunque sea inferior al mínimo establecido, la prestación se calculará como un complemento hasta alcanzar ese umbral, no como una paga fija de 733 euros en todos los casos.
Requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital siendo joven
Para poder acceder al IMV bajo esta nueva modalidad, los jóvenes deberán cumplir una serie de requisitos que van más allá de la simple edad. En primer lugar, será necesario acreditar que no se forma parte de la unidad económica familiar, es decir, demostrar que no existe dependencia económica respecto a los padres o tutores con los que se convive. Esto implica que el solicitante deberá presentar documentación que justifique su situación de autonomía económica, aunque sea precaria o insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Además, será imprescindible demostrar la carencia de ingresos suficientes para garantizar un nivel de vida digno. Esto se traduce en que los ingresos del solicitante deben situarse por debajo del umbral establecido para la prestación, que varía en función de la composición de la unidad de convivencia y de otros factores socioeconómicos. También se exigirá un período mínimo de residencia legal y efectiva en España, así como no superar determinados límites de patrimonio, tanto mobiliario como inmobiliario, que podrían excluir al solicitante del derecho a percibir la ayuda.
Otro aspecto relevante es que el joven solicitante deberá estar inscrito como demandante de empleo, salvo que se encuentre en situaciones especiales que le eximan de esta obligación, como la realización de estudios, el cuidado de personas dependientes o la existencia de una discapacidad reconocida. La normativa del IMV contempla diversas casuísticas que pueden justificar la no disponibilidad para el mercado laboral, pero en líneas generales se exige una actitud activa de búsqueda de empleo o formación que facilite la inserción laboral futura.
La decisión de permitir que los jóvenes puedan acceder al IMV aunque residan con sus padres responde a una realidad social cada vez más extendida en España: la imposibilidad de emancipación por motivos económicos. Durante años, la normativa del IMV consideraba la unidad de convivencia como el núcleo básico para determinar el acceso a la prestación, lo que en la práctica excluía a muchos jóvenes que, pese a tener ingresos propios insuficientes, convivían con sus progenitores. Esta situación generaba una paradoja: jóvenes con empleos precarios o sin empleo que no podían acceder al IMV porque se les consideraba parte de la unidad económica familiar, aunque en realidad no contaran con apoyo económico efectivo de sus padres.
Organizaciones sociales y sindicatos habían venido reclamando desde hace tiempo una reforma que contemplara la situación específica de los jóvenes en riesgo de exclusión social. La elevada tasa de paro juvenil, la proliferación de contratos temporales y a tiempo parcial, y los bajos salarios que perciben los menores de 30 años han configurado un escenario de precariedad estructural que requiere respuestas específicas desde las políticas públicas. La reforma del IMV que entrará en vigor en 2026 pretende dar respuesta a esta demanda, aunque habrá que esperar a su aplicación práctica para valorar su impacto real.
Una de las dudas más frecuentes entre los potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital es si esta prestación es compatible con otras ayudas que puedan estar percibiendo. La respuesta es que, en general, el IMV sí es compatible con otras prestaciones, aunque en muchos casos la cuantía de estas se tiene en cuenta a la hora de calcular el importe final del Ingreso Mínimo Vital. Por ejemplo, si un joven está percibiendo una prestación por desempleo o una beca de estudios, esos ingresos se computarán como parte de su renta personal, lo que reducirá proporcionalmente la cantidad que le corresponda recibir en concepto de IMV.
En concreto, el IMV es compatible con las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, con las pensiones no contributivas, con las becas al estudio, con las ayudas autonómicas de emergencia social y con otras prestaciones de naturaleza similar. Sin embargo, en todos estos casos, el importe percibido por estas vías se sumará a los ingresos computables del solicitante, por lo que el IMV actuará como un complemento hasta alcanzar el umbral de renta garantizada, no como una cantidad adicional que se perciba íntegramente.
Más ayudas para los que no trabajan. No valdría más que por lo menos aprendieran a hacer algo para poder recibir la ayuda?