El panorama fiscal ha experimentado un cambio significativo que afecta directamente a profesionales y pequeños negocios. Desde el 1 de enero de 2026, desaparece el límite de 3.000 euros que marcaba el umbral a partir del cual las entidades bancarias debían informar sobre los cobros con tarjeta. Esta modificación supone un punto de inflexión en el control tributario de las operaciones digitales y representa un endurecimiento notable en la supervisión de la actividad económica.
La medida no solo elimina ese tope histórico, sino que establece un sistema de información mensual que permitirá a la Agencia Tributaria disponer de datos actualizados con una frecuencia sin precedentes. Lo que antes se comunicaba una vez al año, ahora llegará cada treinta días, facilitando un seguimiento casi en tiempo real de los movimientos comerciales.
Para miles de autónomos y comercios, este cambio normativo implica una mayor trazabilidad de todos sus ingresos digitales, independientemente de si se trata de una transacción de cinco euros o de quinientos. La transparencia aumenta considerablemente y con ella, la necesidad de mantener una contabilidad impecable.
Marco legal del nuevo sistema de control
El fundamento jurídico de esta transformación se encuentra en el Real Decreto 253/2025, publicado en abril de 2025, que modifica sustancialmente las obligaciones de información que pesan sobre las entidades financieras y de pago. Este texto normativo reformula por completo el esquema que venía funcionando durante años en España. Hasta la entrada en vigor de esta normativa, el funcionamiento era relativamente sencillo: solo cuando el total anual de cobros superaba 3.000 euros, los bancos tenían la obligación de reportarlo a Hacienda. Cualquier actividad por debajo de ese umbral quedaba fuera del radar del control automático. Esta situación permitía que numerosas operaciones de pequeño importe no quedaran registradas en los sistemas de la Administración tributaria.
La eliminación de esta frontera responde a una estrategia clara por parte de la Agencia Tributaria: obtener una visión completa de la actividad económica real que se desarrolla en el país. Según explica la propia Administración, suprimir el umbral evita que se pierda información potencialmente relevante y permite realizar cruces de datos con una precisión mucho mayor. Más allá de la desaparición del límite cuantitativo, existe otro aspecto fundamental en esta reforma: el paso de la información anual a la mensual. Este elemento representa quizás el cambio más significativo desde el punto de vista operativo y de control.
Anteriormente, la Agencia Tributaria recibía los datos agregados de todo un ejercicio fiscal, lo que significaba que podían transcurrir hasta doce meses antes de detectar anomalías o incoherencias en las declaraciones. Con el nuevo sistema, que comenzó a aplicarse en febrero de 2026 con los datos correspondientes a enero, ese plazo se reduce drásticamente. Esta inmediatez en el flujo de información permite a Hacienda identificar con mayor rapidez posibles discrepancias entre los cobros reales de un negocio y lo que figura en sus declaraciones trimestrales de IVA o en las autoliquidaciones del IRPF. La detección temprana de irregularidades se convierte en una realidad mucho más factible que en el modelo anterior. Para los profesionales, esto se traduce en una presión adicional para mantener al día su contabilidad. Los retrasos o desajustes que antes podían pasar desapercibidos durante meses, ahora pueden saltar a la vista de la Administración en cuestión de semanas.
Alcance del control: más allá de las tarjetas tradicionales
Un aspecto crucial que conviene aclarar es que la obligación de información no se limita exclusivamente a los pagos con tarjeta bancaria convencional. El alcance del nuevo sistema es mucho más amplio y abarca prácticamente cualquier medio de pago digital. Las entidades financieras y de pago deberán informar también sobre operaciones realizadas mediante Bizum, aplicaciones de pago móvil y otras plataformas digitales que se hayan popularizado enormemente en España durante los últimos años. Esta amplitud garantiza que prácticamente ningún cobro electrónico quede fuera del sistema de información.
En la práctica cotidiana, esto significa que cada café pagado con tarjeta, cada servicio profesional abonado por Bizum o cualquier otra transacción digital quedará reflejada en los informes mensuales que los bancos remiten a la Agencia Tributaria. La digitalización de los pagos, que facilita la vida de consumidores y comerciantes, también facilita ahora un control tributario mucho más exhaustivo.
Hacienda aprieta y ahoga.