La movilidad está experimentando una transformación silenciosa pero profunda. Desde junio de 2025, las carreteras españolas acogen una nueva señalización que nada tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, pero que marca un hito en la integración de tecnologías disruptivas en el tráfico cotidiano. Se trata de un distintivo rojo obligatorio para vehículos que están sometidos a ensayos de conducción autónoma, una medida que sitúa al país en la vanguardia europea de este sector estratégico.
A diferencia de las pegatinas ambientales que clasifican los vehículos según sus emisiones contaminantes, esta etiqueta roja no evalúa el impacto ecológico del automóvil. Su función es exclusivamente identificativa: permite distinguir de forma inmediata aquellos prototipos que circulan en fase de experimentación, facilitando tanto la supervisión policial como la convivencia con el resto de usuarios de la vía pública. La obligatoriedad de su colocación en el ángulo inferior izquierdo del parabrisas responde a criterios de visibilidad y uniformidad normativa.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Dirección General de Tráfico para convertir a España en un laboratorio real de innovación automovilística. El objetivo no es solo permitir que las empresas prueben sus desarrollos tecnológicos, sino hacerlo bajo un marco regulatorio claro, seguro y trazable, que garantice la protección de todos los actores implicados en el ecosistema vial.
Marco regulatorio y fases de experimentación
El despliegue de esta etiqueta se inscribe dentro del denominado Programa ES-AV, un sistema estructurado en tres fases progresivas que permiten una validación gradual de las tecnologías de conducción autónoma. La primera fase se desarrolla en entornos cerrados y controlados, como circuitos privados o áreas restringidas, donde los fabricantes pueden evaluar el comportamiento básico de sus sistemas sin exponerse a situaciones impredecibles.
La segunda etapa introduce los prototipos en condiciones de circulación más realistas, aunque todavía bajo supervisión intensiva. Aquí, los vehículos interactúan con tráfico real, peatones, señalización y condiciones meteorológicas variables, lo que permite identificar fallos y ajustar algoritmos de respuesta. Finalmente, la tercera fase contempla ensayos con vehículos prácticamente listos para su comercialización, en los que la intervención humana se reduce al mínimo y la tecnología debe demostrar su capacidad de operar de forma autónoma y segura.
Este enfoque escalonado no solo reduce riesgos, sino que también facilita la recopilación de datos valiosos para afinar los sistemas de inteligencia artificial que gobiernan estos vehículos. Cada fase exige un nivel superior de cumplimiento técnico y administrativo, asegurando que ningún prototipo circule sin las garantías necesarias.
Requisitos técnicos y administrativos para participar
Para que un fabricante pueda adherirse al programa y obtener la etiqueta roja, debe satisfacer una serie de exigencias rigurosas. En primer lugar, es imprescindible contar con una autorización administrativa específica emitida por las autoridades competentes, que evalúan la viabilidad técnica y la seguridad del proyecto presentado.
Además, los vehículos deben incorporar sistemas de registro de datos que documenten en tiempo real su comportamiento en carretera. Estos registros resultan cruciales en caso de incidente, ya que permiten reconstruir la secuencia de eventos y determinar responsabilidades. La trazabilidad de cada ensayo se convierte así en un pilar fundamental del modelo regulatorio español.
Otro requisito ineludible es la contratación de un seguro de responsabilidad civil con coberturas adaptadas a los riesgos específicos de la conducción autónoma. Dada la novedad tecnológica, las pólizas tradicionales no siempre resultan adecuadas, por lo que el sector asegurador ha tenido que desarrollar productos específicos para este tipo de operaciones.
Finalmente, cada vehículo debe contar con personal cualificado, ya sea a bordo o supervisando remotamente, capaz de intervenir en caso de fallo del sistema. Esta figura, conocida como operador de seguridad, representa la última línea de defensa ante cualquier imprevisto y garantiza que ningún ensayo quede fuera de control humano.