Miles de trabajadores podrían estar siendo preparados para un despido sin indemnización sin siquiera darse cuenta. La clave estaría en pequeñas sanciones escritas que, aunque no afectan al salario, construyen poco a poco un expediente laboral que la empresa puede utilizar como justificación legal para prescindir del empleado sin tener que abonar compensación económica alguna.
La advertencia proviene del ámbito del derecho laboral, donde se ha identificado una práctica empresarial cada vez más común: la acumulación estratégica de amonestaciones por escrito. A diferencia de las sanciones económicas que restan días de empleo y sueldo, estas amonestaciones pasan desapercibidas para muchos empleados porque no suponen una pérdida económica inmediata. Sin embargo, su impacto a largo plazo puede resultar devastador para los intereses del trabajador.
Según explica Juanma Lorente, reconocido abogado especializado en derecho laboral, esta estrategia aprovecha que la mayoría de trabajadores no reaccionan ante sanciones que no les duelen en el bolsillo. Cuando no hay pérdida económica directa, el empleado tiende a dejar pasar la sanción aunque no esté de acuerdo con ella, sin considerar las consecuencias futuras que esto puede acarrear. El mecanismo es aparentemente sencillo pero extremadamente efectivo desde el punto de vista empresarial. Muchos convenios colectivos en España contemplan que, incluso para sanciones consideradas graves, la empresa puede optar por únicamente amonestar por escrito al trabajador. Esta opción, que en principio parece beneficiosa para el empleado al no afectar su remuneración, se convierte en una herramienta de doble filo.
El problema surge cuando estas amonestaciones escritas comienzan a acumularse en el expediente del trabajador. Cada sanción no impugnada se considera aceptada por el empleado, lo que permite a la empresa construir un historial de supuestas faltas que justifiquen un despido disciplinario. Este tipo de despido, basado en la reiteración de faltas menos graves, permite a la compañía prescindir del trabajador sin tener que abonar indemnización alguna. La situación se agrava porque, según la legislación laboral española, un empleado puede ser despedido sin compensación económica cuando se demuestra una reiteración de conductas sancionables. Si el trabajador ha ido acumulando amonestaciones escritas sin impugnarlas, está facilitando involuntariamente que la empresa construya este argumento legal.
Consecuencias económicas para el trabajador
Las implicaciones financieras de esta práctica son significativas. Dependiendo de la antigüedad del empleado y su salario, una indemnización por despido puede oscilar entre 12.000 y 14.000 euros o incluso más en casos de trabajadores con mayor trayectoria en la empresa. Este dinero, que legalmente correspondería al trabajador en caso de despido improcedente, queda fuera de su alcance cuando la empresa logra justificar el despido mediante la acumulación de sanciones previas. El ahorro para la compañía es, por tanto, considerable. En tiempos de ajustes económicos o reestructuraciones empresariales, esta estrategia permite reducir la plantilla sin los costes asociados a las indemnizaciones. Para el trabajador, en cambio, supone no solo la pérdida del empleo sino también la privación de un colchón económico crucial para afrontar el periodo de desempleo.
Otra dimensión preocupante de esta práctica es que, una vez ejecutado el despido por reiteración de faltas, resulta extremadamente complicado que un juez lo declare improcedente. Si el trabajador ha dejado pasar las sanciones individuales sin recurrir a la vía judicial, se interpreta legalmente como una aceptación tácita de las mismas. En consecuencia, cuando finalmente decide impugnar el despido, el tribunal encuentra un expediente completo de sanciones que, al no haber sido contestadas en su momento, dan validez legal a la decisión empresarial. Esta situación coloca al trabajador en una posición de extrema vulnerabilidad procesal. Los abogados laboralistas coinciden en que la probabilidad de éxito en la impugnación disminuye drásticamente cuando existen sanciones previas no recurridas. El momento de defenderse no es cuando llega el despido, sino cuando aparece la primera amonestación escrita.