El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que representa un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Esta medida, anunciada el pasado lunes 16 de febrero de 2026, afecta a más de 1,6 millones de trabajadores en España, quienes percibirán 37 euros adicionales cada mes. La revalorización tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, por lo que los empleados recibirán en su próxima nómina los atrasos correspondientes a los meses transcurridos del presente ejercicio.
La decisión ha sido fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, después de que la patronal decidiera no sumarse al pacto. El convenio incluye mantener el SMI exento de tributación y establece el compromiso de impedir que el incremento sea absorbido o compensado mediante complementos salariales. Las empresas deberán, por tanto, abonar los atrasos acumulados desde principios de año, lo que supondrá un desembolso adicional en las próximas nóminas para regularizar la situación de los trabajadores afectados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que las subidas del SMI forman parte de la historia de éxito del país y ha criticado a "todos aquellos que han cuestionado" el impacto que estos incrementos podrían tener sobre el empleo. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz aseguró que "no hay ninguna posición académica que lo pueda sostener", refiriéndose a las advertencias sobre posibles efectos negativos en la contratación.
Impacto de la subida
La ministra de Trabajo ha destacado el impacto de género sin precedentes que tiene la subida del salario mínimo, señalando que esta medida contribuye a reducir un 22% la brecha salarial entre hombres y mujeres. No obstante, Díaz reconoció que todavía 1,6 millones de mujeres perciben el sueldo mínimo en España, lo que evidencia la persistencia de desigualdades estructurales en el mercado laboral. Asimismo, la responsable de Trabajo ha resaltado el impacto positivo entre los jóvenes, proporcionando mejores oportunidades a aquellos trabajadores con sueldos más bajos.
La medida también beneficia especialmente a comunidades autónomas como Canarias, Extremadura o Andalucía, así como a sectores de actividad tradicionalmente más precarios, como la agricultura, donde los salarios bajos han sido históricamente una constante. La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que el incremento del SMI es "una decisión política consciente" que afecta al 9% de los asalariados. Saiz ha expresado su esperanza de que la medida "tenga un efecto multiplicador" y ha animado a las empresas, "siempre muy comprometidas con el crecimiento y la mejora de la competitividad", a que "den un paso adelante" e impulsen los salarios en la negociación colectiva.
Medidas contra la absorción de complementos salariales
Uno de los aspectos más destacados del acuerdo alcanzado es la corrección de la norma que permite absorber los pluses y complementos salariales en la subida del SMI. Esta práctica, denunciada en numerosas ocasiones por los sindicatos, permitía a algunas empresas neutralizar el efecto real del incremento mediante ajustes contables que maquillaban el aumento efectivo en las nóminas de los trabajadores. Yolanda Díaz ha enfatizado que esta modificación normativa garantizará que "el impacto del incremento sea real y no con fraudes contables".
La medida busca cerrar una laguna legal que había sido utilizada por ciertos empleadores para eludir el coste real de las sucesivas subidas del salario mínimo, manteniendo prácticamente inalterado el salario final de sus empleados pese a los incrementos oficiales. El Gobierno ha dejado claro que vigilará estrechamente el cumplimiento de esta disposición y que la Inspección de Trabajo intensificará los controles para detectar posibles irregularidades en la aplicación del nuevo SMI. Las sanciones para las empresas que incumplan esta normativa podrían incluir multas económicas significativas y la obligación de regularizar la situación de los trabajadores afectados con carácter retroactivo.
Efectos sobre el sistema de pensiones
Elma Saiz ha destacado que la subida del SMI también contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones, garantizando un mejor acceso a la jubilación y reduciendo la brecha existente en materia de pensiones entre diferentes colectivos. Al incrementarse las cotizaciones sociales derivadas de salarios más elevados, se fortalece la base financiera del sistema público de pensiones, que afronta el reto demográfico del envejecimiento poblacional. Esta dimensión de la medida resulta particularmente relevante para las mujeres, que tradicionalmente han cotizado menos debido a carreras profesionales más discontinuas y salarios inferiores.
El incremento del SMI y su impacto especialmente significativo en el colectivo femenino podría traducirse, a largo plazo, en pensiones de jubilación más dignas para miles de trabajadoras que actualmente perciben el salario mínimo. El salario mínimo interprofesional es la retribución mínima que debe percibir un trabajador por jornada legal de trabajo, independientemente del sector de actividad, tipo de contrato o categoría profesional. En España, el SMI se establece anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Su función es garantizar un nivel mínimo de ingresos que permita a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. El SMI se expresa habitualmente en términos mensuales para 14 pagas anuales, aunque también puede calcularse en términos diarios o anuales. Ningún trabajador puede percibir una remuneración inferior al salario mínimo establecido por jornada completa, aunque existen particularidades para contratos a tiempo parcial, donde se aplica de forma proporcional a las horas trabajadas. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave en materia laboral.
¿Cómo ha evolucionado el SMI en los últimos años?
El salario mínimo interprofesional ha experimentado un incremento acumulado significativo desde 2018, cuando se situaba en 735,90 euros mensuales en 14 pagas. Durante la actual legislatura, el Gobierno ha implementado subidas anuales que han elevado progresivamente esta cuantía hasta los 1.221 euros actuales, lo que representa un aumento superior al 65% en ocho años. Este ritmo de crecimiento supera ampliamente tanto la inflación acumulada como el incremento medio de los salarios durante el mismo periodo.
La estrategia gubernamental ha sido alinear progresivamente el SMI español con la media europea, reduciendo la distancia que tradicionalmente había separado a España de otros países de su entorno en este indicador. Según datos de Eurostat, España ha pasado de tener uno de los salarios mínimos más bajos de Europa Occidental a situarse en una posición intermedia, aunque todavía por debajo de países como Francia, Alemania o los Países Bajos. El objetivo declarado del Ejecutivo es continuar con esta senda de convergencia en los próximos años.