El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha expresado la preocupación del Ejecutivo por las movilizaciones contra la amnistía en Cataluña porque «se puede crear un sentimiento de rencor y odio hacia quien piensa diferente». El portavoz ha comentado la actualidad política tras el Consejo del Gobierno Vasco y ha señalado sobre estas movilizaciones contra la ley de amnistía que los que quieran mostrar sus discrepancias «tienen derecho a mostrarlas, pero de un modo natural y democrático».
Se deben «impedir estas situaciones inaceptables para la convivencia democrática. Estas cosas se sabe cómo empiezan pero nunca cómo terminan», ha advertido Zupiria. Respecto a los movimientos judiciales contra la ley de amnistía, para el portavoz son «una consecuencia de la politización de la justicia. Algunos pronunciamientos tienen más que ver con la ideología o la política que con la administración de justicia».
Además, el Gobierno Vasco confía en que los acuerdos entre el PSOE con ERC para condonar 15.000 millones de deuda catalana y también con el gallego BNG no afecten a la financiación de la alta velocidad vasca. Zupiria ha recordado que aún está pendiente de cumplir por el Gobierno central su compromiso de enero del 2020 de desarrollar el Estatuto y culminar así el autogobierno reconocido.
El Gobierno Vasco insistirá en el cumplimiento de ese compromiso que quedó pendiente con el final de la legislatura pasada, y lo mismo ha dicho de las inversiones que le corresponden a Euskadi para la construcción del tren de alta velocidad, que espera que se verán reflejadas en los presupuestos del Estado de los próximos años.
Por su parte, Solidaridad, el sindicato de Vox, ha presentado este martes una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la respuesta «desproporcionada» de la Policía en la concentración del lunes en la sede del PSOE contra la amnistía.
Al final de esta protesta en la madrileña calle de Ferraz, los antidisturbios cargaron contra un grupo de unos 200 ultras después de que lanzaran botellas y objetos contra los agentes y cortaran las bridas que sujetaban las vallas, según el atestado policial. Solidaridad denuncia que las actuaciones policiales constituyen delitos de tortura y contra la integridad moral, delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales y delito leve de lesiones.