El Gobierno británico y la Unión Europea (UE) ultiman los detalles de un acuerdo de Brexit con consenso sobre la frontera irlandesa y la futura relación comercial, que podría estar listo en los próximos días.
Así lo asegura The Sunday Times, que este domingo publica un artículo donde revela «el plan secreto» de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que habría conseguido «en privado» ciertas concesiones de Bruselas.
Según el rotativo, la conservadora May planteará a sus ministros los términos del posible pacto en una reunión el próximo martes y, si todo va bien, la Comisión Europea podría anunciar el viernes una cumbre especial para los días 15 o 22 de noviembre.
En diciembre, el eventual acuerdo se sometería a votación en la Cámara de los Comunes, indica el periódico, que dice haber consultado a decenas de fuentes británicas y comunitarias.
Según The Sunday Times, May ha logrado que Bruselas acepte que todo el Reino Unido permanezca provisionalmente dentro de una unión aduanera si el periodo de transición posterior al Brexit expirara sin un acuerdo comercial bilateral definitivo, en lugar de solo Irlanda del Norte, lo que rechazaba Londres.
Este plan de contingencia, que se haría legalmente vinculante en el tratado de retirada con un cláusula específica «de salida» -para impedir que se hiciera permanente-, evitaría tener que erigir una frontera física en la isla de Irlanda, lo que perjudicaría el proceso de paz de 1998.
La primera ministra «está a punto» de cerrar además un acuerdo político para una «futura asociación económica» (FEP, por sus siglas en inglés) con los Veintisiete, que, según el periódico, mantendría abierta la opción de firmar un acuerdo de libre comercio al estilo del de Canadá -la alternativa preferida por los conservadores partidarios de un Brexit duro-.
También permitiría optar por una mayor integración con la UE, en base a la propuesta defendida hasta ahora por May, que plantea la creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria.
Según la cabecera londinense, Bruselas ha hecho una notable concesión al permitir que los controles regulatorios de los bienes puedan llevarse a cabo «en el mercado» -o sea, en las fábricas o en las tiendas- en lugar de en la frontera.
Esta semana, el ministro británico para el Brexit o salida británica de la Unión Europea, Dominic Raab, ya reveló que esperaba cerrar un acuerdo antes del 21 de noviembre y que se había llegado a un consenso sobre la frontera irlandesa, principal escollo en las negociaciones.
Aunque todo indica que hay un acercamiento de posiciones, May aún afronta la tarea de recabar apoyos en el Reino Unido que le permitan que finalmente el texto sea aprobado en los Comunes, donde no cuenta con una mayoría absoluta.
En una muestra de las dificultades que se avecinan, el exministro del Brexit David Davis advierte hoy en un artículo en The Sunday Times de que la jefa del Gobierno debe hacer público el veredicto sobre el acuerdo del abogado del Estado antes de someterlo a la votación de los diputados.
Sobre las supuestas concesiones hechas por Bruselas, un portavoz del ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, recordó hoy que el Reino Unido «se ha comprometido por escrito» a incluir en el acuerdo de retirada «una garantía legal» de que «bajo ninguna circunstancia» se impondrá una frontera física en la isla de Irlanda.
«Esperamos que un acuerdo sea posible, pero aún no hemos llegado», afirmó.
En relación al «plan secreto» de May, un portavoz oficial dijo al «Times» que «son todo conjeturas» y que lo único claro es que «un 95 % del acuerdo de retirada está consensuado y las negociaciones continúan».
La poca concreción de las diligencias entre Londres y Bruselas generan preocupación entre el sector empresarial y más de 70 directivos han firmado una carta en la que piden celebrar un segundo referéndum sobre los términos de la salida del país de la UE, que debe ejecutarse el próximo 29 de marzo.
Por otra parte, en un artículo en The Observer, el ex primer ministro laborista Tony Blair insta a los diputados británicos a que rechacen el plan que proponga May ante el Parlamento y aboguen en cambio por celebrar esa segunda consulta.