El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, dijo este viernes que el Gobierno de su país «no invade embajadas», sino que respeta el Derecho Internacional, la Convención de Viena y la Carta de las Naciones Unidas.
Isea explicó que Venezuela está reclamando a España, «en el marco de la ley», al opositor venezolano Leopoldo López, acogido en la residencia del embajador español en Caracas, adonde llegó el martes tras ser liberado por un «indulto presidencial» de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, entre ellos España.
El Gobierno venezolano espera que España «actúe en consecuencia», indicó Isea, a pesar de que el Ejecutivo español ya dejó claro este miércoles en un comunicado oficial que «no tiene intención» de entregar a Leopoldo López y «confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español».
«Lo estamos reclamando, y estamos haciendo ese planteamiento en el marco de la ley y esperamos que el Gobierno español actúe en consecuencia», indicó Isea.
Preguntado por si España no accede a entregarlo, respondió que la diplomacia venezolana es «de paz».
«Nosotros no somos amenaza para nadie (...) Nosotros no invadimos embajadas», subrayó el embajador.
Por el contrario, lo que en este momento procede es «la comunicación de Estado a Estado, Gobierno a Gobierno», precisó, y «esperar el desarrollo de los acontecimientos» sin precipitarse.
«Es un momento de reflexionar -planteó-. No puede dejarse meter en una trampa el Gobierno español; el Gobierno nuestro no se va a dejar ni quiere ninguna confrontación por causa de gente que no respete la Constitución ni el Derecho Internacional ni nada que se les perezca».
Además, valoró que el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, manifestara este viernes que se «limitarán» las actividades políticas de López mientras permanezca en la residencia del embajador español.
Isea opinó que es un «precedente sumamente riesgoso» tener como «huésped» en la residencia diplomática a un «evadido de la justicia» y que éste aproveche para «llamar a una rebelión militar», un «golpe de Estado» desde «territorio español», en alusión a unas declaraciones de López en las instalaciones diplomáticas.
López cumplía desde 2014 una pena de 14 años de prisión, aunque desde mediados de 2017 se encontraba en arresto domiciliario en Caracas, condenado por la Justicia venezolana por alentar protestas callejeras en las que murieron varias personas.
Sin embargo, la sentencia ha sido cuestionada por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, e incluso el fiscal encargado de la acusación, Franklin Nieves, reveló tras huir de Venezuela las maniobras y «pruebas falsas» que preparó el Gobierno de Nicolás Maduro para condenar a Leopoldo López.