La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen se sentó este miércoles en el banquillo de los acusados por haber difundido en 2015 imágenes de ejecuciones cometidas por el grupo terrorista islámico Dáesh, delito porque el que la Fiscalía pidió contra ella una pena de 5.000 euros de multa.
Idéntica condena solicitó el Ministerio Público contra el eurodiputado ultraderechista Gilbert Collard por hechos similares, cometidos por ambos días después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 que costaron la vida a un centenar de personas en París y Saint Denis.
Le Pen y Collard difundieron esas imágenes a través de las redes sociales en respuesta a un periodista francés que había comparado a su partido con el Dáesh.
Sus defensas pidieron la absolución amparándose en la libertad de expresión, mientras que Le Pen consideró el proceso como un «juicio político» destinado a minimizar sus opciones para las elecciones presidenciales. «Este proceso lo ordenó un ministro para dañar mi candidatura a las presidenciales de 2017», aseguró ante los medios Le Pen antes de la vista oral, tesis que repitió en su declaración a los jueces.
Después de los atentados de 2015, el periodista Jean-Jacques Bourdin comparó en una tertulia al Dáesh y al Frente Nacional, nombre que entonces tenía el partido que preside Le Pen. La líder ultraderechista y Collard colgaron en sus cuentas de redes sociales imágenes de asesinatos cometidas en Siria por el grupo terrorista islámico.
«Eso es Dáesh, señor Bourdin», escribió la líder ultraderechista junto a las imágenes.
Entre ellas, fotos de la decapitación del periodista estadounidense James Foley, pero también de un hombre aplastado por las cadenas de un tanque y de un prisionero quemado vivo dentro de una jaula.
Alertada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía abrió una investigación por difusión de imágenes violentas, cargo que acabó por convertirse en difusión de mensajes violentos que pueden dañar la dignidad humana y ser vistos por menores, delito penado con hasta 3 años de cárcel y 75.000 euros de multa.
El proceso sufrió varios retrasos, porque la justicia tuvo que pedir sendos suplicatorios, primero al Parlamento Europeo y posteriormente a la Asamblea Nacional francesa (de la que Le Pen es diputada).
Además, Le Pen se negó a ser sometida al correspondiente examen psiquiátrico por considerarlo denigrante.
La líder ultraderechista, finalista de las pasadas presidenciales frente al actual mandatario, Emmanuel Macron, aseguró ante el tribunal que el proceso fue ideado en el Ministerio del Interior «contra una adversaria política».
Esgrimió que fue su responsable de redes quien eligió las fotos como ella le había pedido, para mostrar la brutalidad del grupo terrorista con el que le habían comparado.
Buena parte de la vista oral estuvo dedicada a determinar si los acusados habían tenido en cuenta que las imágenes podían ser vistas por menores.
«No lo pensé, solo pensé en mi libertad de expresión y de información», dijo la política, que negó que esas imágenes pudieran tener un carácter de incitación al terrorismo: «solo provocan asco, rechazo, no adhesión».
Al tiempo, Le Pen, que retiró enseguida la foto de Foley a petición de la familia del periodista asesinado, negó que su divulgación atente contra la dignidad humana.
«Es el crimen el que atenta contra la dignidad humana, no su reproducción fotográfica, eso son informaciones», remarcó.
Collard, por su parte, aseguró que demostrar hechos con imágenes no puede ser considerado un delito y dijo que si alguien niega el Holocausto él estaría dispuesto a mostrar fotos de los campos de concentración nazis.