Los croatas empezaron siendo las víctimas en 1991 de la guerra de Croacia y acabaron reconvirtiéndose en los grandes verdugos en agosto de 1995 cuando expulsaron a toda la población Serbia de la Krajina. Congeniaron muy bien con los periodistas cuando iban perdiendo en el campo de batalla y nunca obstaculizaron su presencia en los lugares más bombardeados y violentos del conflicto armado como Vukovar, Osijek, Vinkovci, Sisak, Petrinja.
En cambio, en 1995 actuaron como unos desalmados, ejecutaron extrajudicialmente a sus enemigos serbios, incluidos civiles, e impidieron, censuraron y criticaron el trabajo de los informadores. El Tribunal Internacional Penal de la antigua Yugoslavia consideró que se había cometido crímenes de guerra en la Krajina y juzgó a los máximos responsables militares. Se produjeron centenares de asesinatos, pueblos enteros saqueados y arrasados y más de 200.000 serbios que vivían en la región por generaciones fueron expulsados, la mayoría para siempre. El estado croata jamás investigó los crímenes de sus tropas ni reconoció los hechos.
En 1995, el historial de crímenes de los radicales serbios tenía tanta densidad que prácticamente las demás violaciones en la antigua Yugoslavia pasaban desapercibidas. Habían bombardeado con artillería pesada a los civiles que vivían en amplias zonas tanto de Croacia como de Bosnia-Herzegovina, establecido campos de concentración, ejecutado extrajudicialmente a decenas de miles de croatas y bosnios y violado a miles de mujeres y niñas. Los crímenes tanto de soldados croatas como los que llevaron a cabo las milicias bosnias-musulmanas se definían como excesos en el campo de batalla vinculados a venganzas locales o personales.
Rusia actúa hoy en Ucrania como Serbia en los conflictos que destruyeron Yugoslavia. Son los ocupantes que bombardean con saña a la población civil, destruyen sus aldeas y pueblos, dañan las infraestructuras energéticas, detienen a sus enemigos, los torturan y los ejecutan.
Desde el 24 de febrero, inicio de la segunda fase de la guerra abierta entre Rusia y Ucrania que comenzó en 2014, los informes de las principales y más prestigiosas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la división de Derechos Humanos de la Onu y universidades como Yale han presentado demoledores informes sobre los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas de ocupación rusas tanto en las zonas anexionadas como ocupadas temporalmente.
Un ejemplo de violencia atroz. Amnistía Internacional publicó el 10 de noviembre un informe muy crítico con Rusia acusándola del traslado forzoso o la deportación de la población civil al territorio ruso, práctica considerada un crimen de guerra y, probablemente un crimen de lesa humanidad. «Separar a niños y niñas de sus familias, y obligar a la población a desplazarse cientos de kilómetros de su hogar son una prueba más del grave sufrimiento que la invasión rusa está causando a la población civil ucraniana», declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Civiles habían sido forzosamente sometidos a «procesos de selección conocidos como filtrados» que acabaron en detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos inhumanos y degradantes. En la investigación de la organización humanitaria fueron entrevistadas 88 personas de zonas ocupadas por los rusos que sufrieron traslado forzoso a Rusia. El documento informaba también de la evacuación forzosa de otras 92 personas que residían en un asilo estatal para ancianos y personas con algún tipo de discapacidad en Mariúpòl.
Otros ejemplo aunque también Ucrania sale mal parada. La Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania ha entrevistado recientemente a 159 prisioneros de guerra (139 hombres y 20 mujeres) ucranianos que estuvieron en penales rusos y a 175 rusos (todos hombres) retenidos por Ucrania. La jefa de la misión, la abogada Matilda Bogner, afirmó que Ucrania había permitido el acceso confidencial a los prisioneros de guerra rusos mientras estaban encarcelados y, en cambio, Rusia lo había impedido por lo que las entrevistas se hicieron cuando estaban liberados.
Los soldados rusos golpearon, robaron y maltrataron a los ucranianos durante el transporte a sus lugares de detención, violando el Tercer Convenio de Ginebra que establece las condiciones de trato a los prisioneros de guerra. En cárceles improvisadas sufrieron «palizas prolongadas, amenazas, ataques con perros, obligados a desnudarse y mantener posturas extremas». Los prisioneros con responsabilidad en la jerarquía militar «fueron torturados con el fin de extraerles informaciones». Varios prisioneros murieron por las terribles condiciones a las que fueron sometidas.
En cuanto a los prisioneros rusos en manos de Ucrania, la responsable del informe afirmó que existen «denuncias creíbles sobre ejecuciones sumarias de personas que ya estaban fuera de combate» y de «varios casos de torturas y maltratos», presuntamente cometidos por parte de miembros de las fuerzas armadas ucranianas. La amplia mayoría de los prisioneros entrevistados de ambos bandos informó que había sufrido torturas, descargas eléctricas y malos tratos en muchas ocasiones «de forma diaria solo para ser intimidados y humillados».
Las mujeres prisioneras ucranianas no fueron violadas, pero sí amenazadas con hacerlo mientras eran golpeadas, electrocutadas y obligadas a mostrarse desnudas en presencia de guardias masculinos. Las imágenes aparecidas el domingo sobre presuntos prisioneros de guerra rusos ejecutados por soldados ucranianos demuestran que se siguen perpetrando graves violaciones de los derechos humanos en este conflicto armado.
Una comisión del Parlamento ucraniano negó con inusitada rapidez que su ejército haya llevado a cabo las ejecuciones extrajudiciales. Sus integrantes aseguraron que los soldados rusos «hicieron ver que se rendían», por lo que «cometieron un crimen de guerra al disparar contra las fuerzas ucranianas». En una parte del video se veían a los soldados rusos rendidos obligados a tumbarse en el suelo y en otras imágenes, tomadas desde una perspectiva área, los cuerpos estaban inmóviles entre manchas de sangre.
El gobierno ruso denunció «el asesinato deliberado y metódico» de más de diez de sus soldados después de deponer las armas, basándose en videos que se habían publicado en diferentes redes sociales. El Consejo de Derechos Humanos de Rusia dijo que las presuntas ejecuciones tuvieron lugar en Makiivka, un pueblo en la región oriental de Lugansk de Ucrania, recapturado hace unos días por el ejército ucraniano.
Ucrania podría convertirse en la Croacia de los noventa si no es capaz de escuchar los consejos de Matilda Bogner, responsable de la ONU, en su informe sobre el trato de los prisioneros de guerra: «La rendición de cuentas es un factor también clave a la hora de disuadir y prevenir violaciones adicionales y las partes en el conflicto tienen claras obligaciones legales de investigar y enjuiciar todas las denuncias de violaciones del derecho humanitario internacional».