La guerra es siempre el fracaso de la diplomacia y el diálogo. Pero aún así, tiene también sus normas. Esto es lo que trata de controlar el derecho internacional humanitario, un conjunto de leyes que limitan los efectos de un conflicto armado y protege a todos aquellos que se encuentran en medio de la violencia. En el caso de la guerra entre Israel y Hamás, son muchos los organismos internaciones los que han alertado de las violaciones constantes y los posibles crímenes de guerra. Donde los civiles, como suele ocurrir cuando dos bandos empuñan las armas, están siendo los más afectados.
Secuestros, bombardeos masivos, desplazamientos forzosos o ataques a lugares protegidos están a la orden del día en la guerra en Gaza. Desde que el pasado 7 de octubre el movimiento islamista Hamás atentara contra Israel dejando más de 1.200 muertos y 240 secuestrados, los bombardeos sobre el enclave han sido constantes. Durante las siete semanas de ofensiva israelí han muerto ya más 14.800 palestinos. Entre ellos, más de 6.150 menores.
"El derecho internacional humanitario se activa automáticamente cuando se inicia un conflicto armado. Y no valora quién tiene razón, sino que intenta regular que esa lucha se haga de la manera menos bárbara posible", dice a 20minutos Claudia Jiménez, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el Convenio de Ginebra del año 1949 hasta el Estatuto de Roma de 1998 en el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), el mundo ha tratado de limitar al máximo los impactos de un conflicto armado.
En el derecho internacional humanitario las normas se dirigen por una parte al Estado, que es el que las tiene que implementarlas, y por otra parte a los que toman parte en la acción militar, es decir, a los combatientes. La guerra en Gaza enfrenta a una organización considera terrorista por buena parte del mundo con el Ejército regular israelí. Y en este sentido, da igual que los miembros de Hamás no sean considerados soldados profesionales, para el cumplimento de este derecho se les considera combatientes a ambos y, por tanto, se les distingue de los civiles.
Para Jiménez, la diferencia fundamental es que un Estado es un ente protector que sí tiene compromisos y obligaciones internacionales, algo que no ocurre con un grupo terrorista. "No se puede hablar de responsabilidad de un grupo terrorista más allá de que se pueda juzgar a sus individuos, porque esa estructura ya es de por si ilegal y por definición cometerá esas barbaridades".
Crímenes de guerra y ataques a lugares protegidos
Tras los atentado del 7 de octubre, las tropas israelíes comenzaron una ofensiva aérea y terrestre en Gaza para "eliminar todo resto de Hamás", como ha reconocido el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En su avance sobre territorio palestino, el Estado hebreo ha bombardeado escuelas, hospitales y barrios enteros al entender que la organización islamista los estaba usado para albergar combatientes y guardar munición. Es por ello que, según Israel, están legitimados para considerar estos espacios como objetivo militar.
De acuerdo al derecho internacional humanitario, los centros de salud y hospitales no pueden ser atacados durante conflictos bélicos. Una protección que se extiende a enfermos y heridos así como al personal médico y de transporte. Un derecho consagrado en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en los dos protocolos adicionales de 1977. Según Susana De Tomás Morales, profesora de Derecho Internacional Público de Comillas ICADE, "los crímenes de guerra están referidos a aquellos más graves. Y esto cuenta desde homicidio intencional o tortura, hasta dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, educación, las artes, las ciencias, la beneficencia, los edificios históricos y los hospitales".
¿Pueden en alguna circunstancia perder su condición de protección estos espacios? La respuesta es sí, aunque únicamente en caso excepcionales y es el atacante el que debe demostrarlo previamente. Las fuentes consultadas recuerdan que, aunque esto suceda, hay que facilitar la salida de civiles, heridos y personal médico antes de atacar. Algo que no siempre ha ocurrido, según denuncian Human Rights Watch y Médicos Sin fronteras. En el caso del hospital Al-Shifa, el más grande de la Franja, Israel ha asegurado que en su interior había túneles usados por combatientes de Hamás y un arsenal.
Lo mismo ha ocurrido en el campo de refugiados de Yabalia. Para Jiménez, el bombardeo a barrios enteros, por mucho que puedan albergar combatientes enemigos, está prohibido por el derecho internacional. "No se puede atacar indiscriminadamente porque a quien matas es a la población civil. Hay que elegir los objetivos y señalar por qué los escoges y qué ventaja militar te da. No sé si esto responde a todos los edificios que han destruido de Gaza, pero en total han acabado con casi el 40% de las edificaciones", reconoce. "Aunque Hamás se camufle entre la gente, algo que es ilegal, con 14.000 muertos, un 40% niños, es complicado imaginar que se pueda justificar como objetivo militar", añade la profesora de la UAB.
Otra práctica que los organismos internacionales han pedido investigar como posible crimen de guerra es el desplazamiento forzoso de la población. Amnistía Internacional ha denunciado que, pese a que Israel he realizado advertencias y avisos, no se han ofrecido las condiciones necesarias a los civiles para huir de los lugares que se iban a bombardear. "Para que un traslado de personas sea legal tiene que ser viable. Tienes que habilitar un corredor para que la gente salga y no bombardearlo, como ha ocurrido. No se puede evacuar a un millón de personas en 24 horas", afirma Jiménez.
¿Se podrán juzgar los posibles címenes?
"No puede haber duda de que el Derecho Internacional Humanitario es plenamente aplicable a este conflicto, como a cualquier otro conflicto, y que es vinculante para todas las partes. También es bastante obvio que este derecho no está siendo respetado", declaró este miércoles el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic. Las dudas sobre cómo y cuándo se podría conocer si estos hechos constituyen un delito perseguible o no es todavía complicado de saber.
Israel no sea un país firmante del Estatuto de Roma y, por tanto, no es parte de la Corte Penal Internacional. No obstante, Palestina sí forma parte de esta corte, por lo que al haberse dado estos hechos en Gaza sí se podrían investigar y juzgar. Algo que, en la medida de lo posible ya se está observado. "Existe una comisión de investigación de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados en el que se están recopilando esos crímenes. También los cometidos por Hamás", explica De Tomás.
En el caso de Israel, para poder juzgar a sus líderes militares o políticos, estos tendrían que salir fuera de su territorio e ir a un país miembro de la CPI que aplicara la orden de detención. Por el momento, lo principal es que el fiscal de esta corte pueda encontrar evidencia. Algo que no ha ocurrido porque, hasta el momento, se le ha impedido la entrada en Gaza.