Las negociaciones para poner fin a la guerra a gran escala de Israel en Gaza han dado un nuevo giro que genera preocupación entre los expertos internacionales. Las recientes propuestas presentadas como concesiones por parte de los milicianos islamistas de Hamás, en aras de alcanzar un alto el fuego en la Franja, están siendo analizadas con cautela por analistas de seguridad, quienes advierten que podrían tratarse de tácticas dilatorias que extenderían el sufrimiento tanto de la población palestina como israelí.
Según reveló en las últimas horas Morton Klein, presidente de una de las más importantes organizaciones pro-israelí afincada en Estados Unidos, lo que se ha presentado como avances en la mesa de negociaciones escondería exigencias que, lejos de resolver el conflicto, podrían prolongarlo indefinidamente. Estas incluyen la retirada militar de zonas estratégicas y la liberación de prisioneros condenados por delitos graves, a cambio de una liberación gradual y limitada de rehenes durante un alto el fuego temporal de dos meses.
Klein, quien nació en 1947 en un campo de desplazados en Gunzberg (Alemania) y es hijo de supervivientes del Holocausto, argumenta desde su perspectiva que cualquier acuerdo debe incluir la desradicalización de la población de Gaza como elemento central para una paz duradera. Sin embargo, críticos de esta postura señalan que tal exigencia podría interpretarse como una imposición cultural que dificultaría aún más las negociaciones.
El debate ha resonado también en España, donde organizaciones de derechos humanos y expertos en relaciones internacionales han expresado su preocupación por la evolución de las conversaciones. Fuentes diplomáticas españolas consultadas señalan que la comunidad internacional debe exigir garantías concretas antes de avalar cualquier acuerdo que no contemple la liberación inmediata de todos los rehenes y un plan viable para la paz sostenible.
Las claves del estancamiento
Entre las propuestas más polémicas figura la exigencia de liberación de 150 prisioneros que cumplen cadena perpetua y otros 50 calificados como de alta peligrosidad. A cambio, se plantea la liberación de apenas 10 rehenes durante un periodo de alto el fuego de 60 días, una proporción que muchos analistas consideran desequilibrada y que ha generado intenso debate en foros diplomáticos.
Otro punto controvertido es el mecanismo de distribución de la ayuda humanitaria. La propuesta actual plantea que esta sea canalizada exclusivamente a través de agencias de la ONU, un sistema que ha sido cuestionado por Israel tras los escándalos de 2024 sobre la desviación de recursos en la región. Según datos del Observatorio Humanitario Mediterráneo, aproximadamente un 27,5 % de la ayuda internacional enviada a la zona durante el último año no habría llegado a sus destinatarios previstos.
El conflicto, que en 2025 cumple su segundo año desde la escalada iniciada en octubre de 2023, ha dejado ya más de 62.000 muertos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, y ha destruido infraestructuras críticas valoradas en más de 15.000 millones de euros, lo que compromete gravemente cualquier plan de reconstrucción a medio plazo para la región.
Perspectivas para un acuerdo sostenible
Expertos en resolución de conflictos consultados por este medio coinciden en señalar que cualquier acuerdo viable debería incluir al menos cuatro elementos fundamentales: la liberación inmediata y completa de todos los rehenes, un plan de desarme verificable, mecanismos de seguridad que protejan tanto a israelíes como a palestinos, y un programa de reconstrucción con supervisión internacional transparente.
El diplomático español Miguel Fernández, quien participó como observador en anteriores negociaciones de paz en Oriente Medio, señala que «los acuerdos parciales sin garantías concretas solo prolongan el sufrimiento. La experiencia nos ha demostrado que las soluciones temporales acaban convirtiéndose en problemas permanentes si no abordan las causas fundamentales del conflicto».
En la reciente Cumbre Mediterránea celebrada en Barcelona en marzo de 2025, representantes de 18 países, incluida España, firmaron una declaración conjunta instando a todas las partes a «priorizar la protección de civiles y a establecer mecanismos de verificación independientes para cualquier acuerdo de alto el fuego» que se alcance en la región.
El impacto humanitario y la respuesta internacional
Mientras continúan las negociaciones, la situación humanitaria sigue deteriorándose. Según el último informe de la Cruz Roja Internacional, aproximadamente 1,9 millones de personas en Gaza carecen de acceso regular a servicios básicos como agua potable y atención médica, una crisis que se ha agravado con la llegada del calor en los últimos meses.
La Unión Europea ha comprometido 850 millones de euros adicionales para ayuda humanitaria en 2025, de los cuales España aportará 95 millones. Sin embargo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han advertido que sin un corredor humanitario permanente y seguro, la ayuda no puede distribuirse eficazmente.
El conflicto ha generado también tensiones diplomáticas significativas. En abril de 2025, España junto con Irlanda y Bélgica presentaron una iniciativa conjunta en el Consejo de Seguridad de la ONU para establecer un mecanismo de monitoreo independiente que supervise cualquier acuerdo que pudiera alcanzarse, propuesta que fue vetada por miembros permanentes del Consejo. Mientras tanto, la población civil sigue siendo la principal víctima de esta prolongada crisis. Según estimaciones de UNICEF, más de 800.000 niños en Gaza han visto interrumpida su educación durante el último año y medio, creando lo que expertos denominan «una generación perdida» con graves implicaciones para el futuro de la región.
Las advertencias sionistas sobre su guerra en Gaza «causan preocupación entre los expertos internacionales»; en otras palabras, preocupan al AIPAC y a otros partidarios del sionismo. Otra cortina de humo para continuar la masacre de palestinos.